Informe de la UNLP advierte sobre irregularidades en la renegociación de tarifas en 2017

Un informe del Observatorio de Servicios Públicos de la Universidad Nacional de La Plata (OSP-UNLP) afirma que durante la renegociación tarifaria de 2017 llevada adelante por el gobierno de Juntos por el Cambio «se privilegió la rentabilidad de las empresas Edenor y Edesur en desmedro de la economía de los hogares y sectores productivos».
El Observatorio es una iniciativa de la UNLP que junto a entidades de la sociedad civil articula y produce conocimientos orientados a proteger los intereses y garantizar los derechos de la ciudadanía y los sectores productivos.
En un comunicado, ese organismo precisó que se elaboró un informe tras relevar los resultados de auditorías realizadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y la Auditoría General de la Nación (AGN) en 2021 y contrastar las conclusiones de ambos organismos con la evolución de las tarifas eléctricas y su impacto en los ingresos de las familias del AMBA.
En base a ese análisis, se destaca en el trabajo que «hubo una clara ventaja otorgada a las empresas por la administración estatal durante el 2017».
El informe de la UNLP consigna que “una de las principales evidencias que dejan las auditorías de ENRE y AGN es la ausencia de participación y consulta a diversos actores fundamentales en el proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI) convocado por la gestión Cambiemos”.
«Ambas auditorías afirman de modo enfático que el proceso que llevó adelante la anterior gestión gubernamental no culminó con tarifas justas, razonables y asequibles sino que privilegió la rentabilidad empresarial», se apunta entre las conclusiones.
En ese sentido, el director del OSP-UNLP, Eduardo Baldi, enfatizó que resulta “ostensible la falta de intervención de universidades nacionales con amplia trayectoria en materia de servicios públicos”.
El informe del OSP-UNLP señala que “recurrir a las universidades en el marco del debate de las RTI podría constituir una protección natural de los intereses y derechos de la ciudadanía y los sectores productivos”.
En ese marco, se plantea en el trabajo que «el ENRE en la auditoría consigna que la RTI fue carente de validez jurídica» y señala que «a partir de distintos procedimientos irregulares el proceso fue una fachada para el blanqueo de mayores ingresos a las distribuidoras porque el Estado no contaba con la información necesaria».
El estudio a la vez afirma «que el objetivo de la política tarifaria fue garantizar una rápida transferencia de ingresos a las empresas Edenor y Edesur» e indica que se «flexibilizaron» los parámetros de calidad y de inversiones para beneficiar a las operadoras.
La Universidad pone de relieve también que la Auditoría General de la Nación afirmó que el proceso de la RTI fue «poco transparente», que «hubo mucha informalidad en los procedimientos, incumplimientos, exceso de subjetividad en el comportamiento de una consultora externa contratada por el ENRE y una gran asimetría de información entre regulador y regulado».
Además, asevera que «se aprobaron costos operativos mayores a los reales» y añade que «la auditoría estableció que los costos admitidos en la RTI por el ENRE fueron en promedio para ambas empresas un 57,5% mayores a los registrados durante el ejercicio contable 2015».
«Ello es, en el caso de Edesur una brecha excedente de $2021,21 millones (61%) y en el caso de Edenor de $ 2193,9 millones (54%)», según consigna el informe.
Para la UNLP «garantizar el acceso, el uso y goce de los servicios públicos esenciales como la electricidad es una obligación indelegable para el Estado, en tanto sean considerados derechos sociales».
Por ello, propuso que «para asegurar la construcción de datos y parámetros sólidos de cara a las próximas revisiones tarifarias, resulta indispensable que el Estado se sirva del conocimiento ampliamente acreditado por las universidades nacionales en virtud de que éstas son ámbitos de construcción democrática de conocimiento científico y no entidades privadas sujetas a intereses sectoriales».
«Por lo tanto, recurrir a las universidades en el marco del debate de las RTI podría constituir una protección natural de los intereses y derechos de la ciudadanía y los sectores productivos. Y un reaseguro indispensable para legitimar las definiciones que allí se tomen respecto a los precios y calidad de los servicios públicos y a las obligaciones de las empresas concesionarias», cierra el informe.