Informe de la UNLP destaca que «bajó la pobreza energética durante el año 2020»

El Observatorio de Servicios Públicos de la Universidad Nacional de La Plata (OSP-UNLP) consignó que durante el año pasado se registró un descenso en el índice que releva la pobreza y la indigencia energética en Argentina debido al congelamiento tarifario y a los programas de asistencia desplegados por el Estado Nacional.
En un comunicado, la UNLP destacó que «un hogar sufre de Pobreza Energética (PE) si para mantener satisfactoriamente una temperatura adecuada (régimen de calefacción adecuada), requiere gastar más del 10% de sus ingresos totales en energía» y explicó que «si afectan al 20% de los ingresos, entonces el hogar pasa a estar en situación de Indigencia Energética (IE)”.
Así, expuso que «en 2020, la cantidad de hogares con Pobreza Energética cayó: los deciles 2 y 3 se ubican debajo del límite inferior (10%) de los ingresos. Y de modo convergente los hogares del decil 1 tienen el mismo comportamiento: descienden y dejan de estar en condiciones de Indigencia Energética».
«Esa disminución ostensible de los tres deciles está vinculada al rol de los programas de asistencia desplegados por la administración del Estado nacional y al congelamiento tarifario», se detalló en el trabajo.
El informe del OSP estableció que «las y los argentinos tienen derecho a habitar una vivienda digna, con acceso a los servicios básicos de energía eléctrica y el gas natural, ambos necesarios para garantizar las condiciones de habitabilidad de los hogares».
Además, el Observatorio de la UNLP hizo hincapié en las estimaciones del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) sobre Pobreza Energética, las cuales muestran que aproximadamente 3 millones de hogares -alrededor de 9 millones de argentinos y argentinas- cayeron en la pobreza e indigencia energética entre los años 2016 y 2019.
«Al trazar la comparación con 2015, el incremento fue del 220%, lo que representa que desde entonces 2.939.000 hogares más entraron en esas condiciones”, señalaron.
En el documento, plantearon que «la situación de salida de ese flagelo, lo que implica una mejora para casi 9 millones de personas se da a partir de 2020 debido a las políticas aplicadas a la actual administración estatal».
Respecto a las decisiones en materia de nuevos cuadros tarifarios tomadas por el Gobierno nacional destacaron como «un hecho insoslayable» las recomendaciones de las auditorías efectuadas por las intervenciones del ENARGAS y ENRE para «declarar la nulidad de las Revisiones Tarifarias Integrales correspondientes al quinquenio 2017-2022».
En este punto, afirmaron que las RTI llevadas a cabo durante la administración Cambiemos afectaron al conjunto de la población, pero «particularmente a los sectores ubicados en los deciles de menores ingresos, cuyo derecho a la vivienda digna, dotada de servicios públicos que posibilitan la vida, fue vulnerado con esas medidas».