El juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, reclamó este jueves a las autoridades nacionales y provinciales que brinden certezas sobre el sistema electoral que regirá en la provincia de Buenos Aires en los comicios legislativos de 2025.
En una resolución emitida hoy, en la que se dirigió al gobernador Axel Kicillof; al ministro del Interior, Guillermo Francos; y a la Directora Nacional Electoral, María Luz Landivar; el magistrado advirtió que la falta de claridad afecta la planificación y pone en riesgo el proceso electoral en la provincia con mayor cantidad de electores del país. Por ello, solicitó a las autoridades nacionales y bonaerenses una resolución «urgente» sobre el sistema de elecciones que regirá el año próximo para «avanzar con la organización de los comicios y no ponerlos en riesgo».
“La incertidumbre sobre la modalidad de convocatoria a las elecciones provinciales (simultaneidad, concurrencia o desdoblamiento), sumada al debate en torno a la posible suspensión de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), complica la planificación y adopción de medidas necesarias para el desarrollo del proceso electoral en la provincia de Buenos Aires”, destacó el juez.
El gobernador Kicillof ya había advertido que la Boleta Única de Papel que se aplicará a partir de la elección del año que viene tendría un impacto negativo en el territorio bonaerense. “Nos armaron un desastre”, dijo sobre el nuevo sistema y vaticinó una elección «caótica» si se hiciera con dos urnas distintas y dos boletas diferentes para cargos legislativos provinciales, concejales y consejeros escolares.
Históricamente, la provincia de Buenos Aires acopla sus elecciones a las nacionales, por lo que el operativo provincial siempre estuvo a cargo de la justicia federal por la ley de simultaneidad 15.262.
Pero si, finalmente, el Congreso elimina las PASO y la provincia desengancha sus comicios, ya no será competencia de la justicia federal desplegar las urnas, boletas y padrones en las ocho secciones electorales que componen el distrito, ni el recuento final del escrutinio.
El planteo del juez
En el escrito, el juez rememoró que ya se llevaron a cabo diversas reuniones con diversos actores, incluyendo funcionarios gubernamentales, autoridades del Ejército Argentino y representantes del Correo Oficial, para analizar los posibles escenarios y las necesidades logísticas. Sin embargo, la incertidumbre persiste, en particular en relación con la simultaneidad, concurrencia o desdoblamiento de las elecciones provinciales, y la posible suspensión de las elecciones primarias a nivel nacional.
Sostuvo el magistrado que «la planificación de los procesos electorales en la Provincia de Buenos Aires para 2025 requiere de prontas decisiones» y añadió que «la falta de certezas sobre la modalidad de convocatoria y los nuevos desafíos que acarrea la BUP imponen una eficiente planificación».
En su fallo, el juez recordó que la ley 15.262 «permite a las provincias decidir su adhesión al sistema de simultaneidad o concurrencia hasta 60 días antes de la elección». Sin embargo, subrayó que es fundamental que las autoridades políticas definan el escenario cuanto antes para garantizar una adecuada organización.
«La transparencia de las elecciones es fundamental para la legitimación de los representantes surgidos de ellas. Una adecuada planificación y una asignación oportuna de recursos son esenciales para garantizar el ejercicio pleno del derecho al sufragio y la legitimidad de los resultados electorales», completó.
Ramos Padilla apuntó que «en varias ocasiones, a lo largo de estas actuaciones, se ha resaltado, como un condicionante ineludible para la organización de las elecciones en esta Provincia, la dimensión y magnitud del distrito» y remarcó que, según estimaciones oficiales, en 2025 la provincia contará con más de 14 millones de votantes habilitados, distribuidos en 40.000 mesas de sufragio, con la participación de 120.000 autoridades de mesa y 7.000 establecimientos habilitados.
Recordó que «en las elecciones pasadas, en las que se votó con el sistema de boleta partidaria o tradicional para todas las categorías y con una sola urna por mesa, se desempeñaron un total de 47.024 autoridades de mesa; para lo cual fue necesario librar 181.301 telegramas, para cubrir 38.074 mesas de votación».
El juez acompañó su reclamo con un informe técnico detallado sobre los distintos escenarios posibles, con el objetivo de contribuir a una decisión rápida por parte de los responsables políticos.
Posibles escenarios
La resolución evalúa cuatro posibles escenarios electorales. El primero, es uno de simultaneidad entre las elecciones nacionales y provinciales en la misma fecha con el mismo sistema de votación (Boleta Única de Papel – BUP). De acuerdo al magistrado, ello simplificaría la capacitación, la logística y reduciría los costos.
Sin embargo, se requeriría ajustar los cronogramas electorales nacionales y provinciales para garantizar la coincidencia en la oficialización de las listas. También se necesitaría una importante inversión en capacitación, infraestructura (incluyendo un nuevo galpón de urnas) y recursos humanos.
El escenario 2 es el de elecciones concurrentes, es decir las nacionales y provinciales en la misma fecha con diferentes sistemas de votación (BUP para las nacionales y boleta partidaria para las provinciales). En ese caso, se presenta la complejidad de gestionar dos sistemas de votación diferentes, lo que implica la necesidad de un acuerdo entre el Juzgado Electoral y las autoridades provinciales.
Al igual que el escenario de simultaneidad, aquí también requiere duplicar las urnas y aumentar la cantidad de autoridades de mesa y delegados. Para ello, habría que capacitar a los electores y las autoridades de mesa con el objetivo de lograr correctamente dos sistemas de votación diferentes. A la vez, se plantea la posibilidad de controversias sobre la responsabilidad del financiamiento de los recursos entre el gobierno nacional y provincial.
También se indicó que la experiencia de las elecciones primarias de 2023 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) «resaltan la necesidad de planificar con gran antelación y minuciosidad la implementación de este escenario en la Provincia de Buenos Aires, anticipando las dificultades y recursos necesarios en un distrito que proporcionalmente tiene mucho menos recursos por elector, pero tiene un padrón cinco veces más grande».
El tercer escenario es el de desdoblamiento: elecciones nacionales y provinciales en diferentes fechas. Se advierte en el informe que esa posibilidad podría ser la más compleja y costosa. Se advierte una superposición de los cronogramas electorales, lo que podría generar conflictos en la asignación de recursos y dificulta la colaboración entre el Juzgado Electoral y la Junta Electoral Provincial.
Se remarcó que la experiencia del plebiscito de 1990 fue la única elección provincial dirigida únicamente por la autoridad electoral provincial y se afirmó que en aquel momento existió la colaboración de la justicia electoral nacional. «Sin embargo, las circunstancias que permitieron esa colaboración son muy diferentes a las que se presentarían en un posible desdoblamiento de elecciones provinciales», se indicó.
Paralelamente, se manifestó que el desdoblamiento requiere campañas de formación separadas para cada elección, una gestión más compleja de los materiales y una mayor coordinación con el Correo Argentino y el Comando General Electoral. Todo ello, implica una mayor carga para los electores, las autoridades de mesa y los delegados, ya que tendrían que participar en múltiples procesos electorales.
El último escenario planteado es la eliminación de las elecciones primarias, lo que plantea la incertidumbre de cómo los partidos políticos determinarían sus candidatos sin las PASO y podría aumentar las dificultades de los escenarios anteriores, ya que la primera experiencia con la BUP se realizaría en una elección general, sin un ensayo previo.
Con todo, el juez instó a las autoridades políticas a tomar decisiones rápidas y claras sobre la modalidad de las elecciones de 2025 en la Provincia de Buenos Aires. «La transparencia de las elecciones es fundamental para la legitimación de los representantes surgidos de ellas. Una adecuada planificación y una asignación oportuna de recursos son esenciales para garantizar el ejercicio pleno del derecho al sufragio y la legitimidad de los resultados electorales», añadió.