Justicia electoral dispone reducción del tamaño de boletas y aumenta control de gastos de partidos

El Juzgado Federal en lo Penal y Electoral N°1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, ordenó una serie de medidas para extremar el control de los gastos en impresión de boletas de las agrupaciones políticas y alianzas que participarán en las próximas elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto.
Además, dispuso que las boletas de sufragio para todas las agrupaciones que participen en ese distrito deberán imprimirse en tamaño 11,5 x 19 centímetros cada sección (y no de 12×19 como determina el artículo 62 del Código Electoral Nacional) conformando los cuerpos de la papeleta «un total de 92 cm de extensión».
A través de dos resoluciones, a las que tuvo acceso Télam, el magistrado estableció diversas acciones entre las que se incluyen la creación de un registro de empresas que brinden el servicio de impresión de boletas, la especificación de la documentación que se va a solicitar a los partidos políticos a modo de control de gastos y el trabajo articulado con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Nación y el Banco Provincia para la obtención de información rápida y eficaz sobre las imprentas y la trazabilidad de los fondos que se utilizarán.
Es que, según el artículo 32 de la ley 26.571 que regula las PASO, la Dirección Nacional Electoral debe garantizar a cada agrupación política los recursos económicos para que impriman el equivalente a una boleta por cada posible votante.
El padrón consolidado en la provincia de Buenos Aires para las próximas PASO es de 13.110.768 electores y el valor de referencia fijado por cada boleta es de 2,92 pesos.
De cara a las próximas elecciones primarias, se constituyeron 26 partidos y 6 alianzas electorales en condiciones de participar.
Esas fuerzas políticas, además, informaron la oficialización total de 54 listas de precandidatos a diputados nacionales, 61 de precandidatos a senadores nacionales y 62 de precandidatos a parlamentarios del Mercosur.
Por lo tanto, existen un total de 177 listas, algunas de las cuales aún están siendo verificadas.
«Las cifras detalladas evidencian un considerable aumento de listas y, por lo tanto, del gasto estatal para la impresión de boletas respecto de las elecciones primarias del año 2021», indicaron fuentes judiciales.
De acuerdo al artículo 32, la justicia electoral debe auditar que las agrupaciones efectivamente destinen los fondos que reciben del Estado en la impresión de las boletas, o, de lo contrario, garantizar que devuelvan el dinero remanente al Ministerio del Interior en los noventa días siguientes a los comicios y, por ese motivo, Ramos Padilla ordenó una batería de medidas solicitando información a los organismos mencionados.
Por otro lado, una acordada firmada por la Cámara Electoral el 23 de mayo recomendó controlar que las empresas que se contraten para imprimir las boletas cuenten con el respaldo de documentación fiscal, y sus obligaciones impositivas y previsionales al día.
Para eso, el juzgado anticipó que pedirá a estos proveedores datos y documentación sobre la cantidad de boletas provistas a las distintas listas, montos de las operaciones, las personas contratantes del servicio, la forma de pago y el detalle de los insumos de papel, tintas, y otros detalles.
Además, la recepción del dinero y los gastos que realicen los partidos deben obligatoriamente ser realizados a través de sus cuentas en los bancos Provincia y Nación. Desde el Juzgado se indicó que Ramos Padilla pedirá a esas entidades financieras que “extremen las medidas necesarias con el objeto de poder brindar, de modo rápido y eficaz, la información necesaria que les fuere requerida sobre la trazabilidad de los aportes de las listas y agrupaciones políticas y sus egresos de fondos”, con la intención de garantizar la transparencia del proceso.
Finalmente, a través de otra resolución, se hizo lugar a un pedido que había sido formulado por el Frente Patriota Federal, en donde se solicitaba el achicamiento de las boletas.
Tras ese requerimiento, el magistrado llevó a cabo una audiencia presencial con los diferentes apoderados de todas las fuerzas políticas, en la que se definió que las boletas tengan un total de 92 cm «para ahorrar costos y debido a que se constató que había problemas en las imprentas con el tamaño original», indicaron las fuentes.