Comenzaron a juzgar a dos civiles paramilitares por secuestros y homicidios cometidos en La Plata durante la dictadura

Dos civiles que integraban la organización paramilitar Concentración Nacional Universitaria (CNU) comenzaron a ser juzgados hoy en La Plata por secuestros y homicidios cometidos antes y después del golpe cívico militar de 1976.
Se trata del primer juicio que abordará en La Plata delitos de lesa humanidad anteriores al golpe de Estado, aunque el objeto del proceso también incluye hechos posteriores al 24 de marzo de 1976.
Los acusados son Carlos «el indio» Castillo y Juan José «Pipi» Pomares, quienes se encuentran detenidos desde hace 6 años, y comenzaron a ser juzgados por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, integrado por los jueces subrogantes Pablo Vega, Alejandro Daniel Smoris y Germán Castelli, en la sede de los tribunales federales, en 8 y 50 de la capital provincial.
El Ministerio Público Fiscal está representado por la Unidad Fiscal Federal, que integran los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro, y el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira.
En el inicio del juicio, la querella de la Asociación de Ex Detenidos Desparecidos pidió que se retire de la sala un crucifijo que se encontraba colgado detrás del estrado de los magistrados ya que “toda simbología religiosa retrotrae a las víctimas a la complicidad de la Iglesia Católica con la Dictadura y además las agravia por las opiniones actuales de esa institución en favor de la reconciliación”.
La querella explicó además que “a la hora de declarar, las victimas lo hacen frente a un poder del Estado, que es neutral, y no frente a un poder divino”, tras lo cual la fiscalía se mostró a favor de esa solicitud bajo el argumento del «principio de igualdad» y de que «el Estado argentino es laico».
El tribunal se mostró de acuerdo con que “la función de los jueces es secular y no divina”, pero los jueces aclararon que al ser subrogantes no poseían facultades para decidir si era correcto o no retirar el crucifijo, por lo que recomendaron iniciar esas gestiones ante la superintendencia de la sala.
Luego, se leyó la requisitoria de elevación a juicio y ambos imputados se negaron a prestar declaración.
Castillo está acusado por su participación directa en el secuestro y homicidio de Carlos Antonio Domínguez (presidente de la “Agremiación de Empleados por Reunión” del Hipódromo platense) y en el secuestro de Roberto Fiandor (vocal de esa misma agremiación), ocurridos el 12 de febrero de 1976; y en el secuestro y homicidio de Leonardo Guillermo Miceli, del 19 de abril del mismo año, en ambos casos con robo y violación de los domicilios de las víctimas.
También se lo imputa por el secuestro y homicidio de Néstor Hugo Dinotto y Graciela Herminia Martini y en el secuestro de otra pareja que finalmente sobrevivió, sucedidos entre el 3 y 4 de abril de 1976.
En el caso de «Pipi» Pomares, llega acusado por su participación en este último caso que abarca a cuatro víctimas.
En la elevación a juicio se afirmó que los grupo paraestatales, como la CNU, fueron «la antesala de la implementación del plan sistemático de la represión ilegal desplegado desde el Estado a partir de 1976 y también se caracterizó por su ejecución sistemática y organizada».
En La Plata, la CNU actuó asesinando gente y luego arrojando los cuerpos en la vía pública, y robó y saqueó las viviendas de sus víctimas.
La hipótesis de la Fiscalía indica que la CNU actuó en La Plata como un grupo que persiguió a disidentes políticos con la anuencia del Estado, antes y después del golpe, y que luego se salió del control de las fuerzas estatales razón por la cual fueron detenidos y posteriormente sometidos a proceso por hechos menores, que no tenían que ver con su rol paraestatal.
Tras la detención de la banda de la CNU, el 1 de mayo de 1976 -en pleno auge de la dictadura cívico-militar-, la policía incautó una gran cantidad de elementos robados en diferentes hechos y luego convocó a los denunciantes a reconocerlos a la comisaría 8ª de La Plata, donde la esposa de Carlos Antonio Domínguez reconoció la máquina de escribir de su hija, que los asesinos de su esposo habían tomado en la madrugada del 12 de febrero de 1976.
Esa prueba, una máquina Engadine, secuestrada por la policía en la casa de Castillo, no fue tenida en cuenta durante la dictadura y hoy es uno de los elementos de cargo.
El cuerpo de Domínguez, apareció horas después con alrededor de cuarenta disparos camino a la localidad de Magadalena, al sur de la capital bonaerense, y las conclusiones del examen de necropsia, fueron: “destrucción de masa encefálica, como consecuencia del estallido de cráneo debido a disparo de arma de fuego efectuado a corta distancia entre las 7 y 30 y las 8 y 30 horas del día de la fecha”.
Los captores llevaban en el baúl de un vehículo a Roberto Fiandor, un vocal de la comisión directiva del gremio, quien se salvó de ser asesinado porque logró forzar la traba del portón, arrojarse al asfalto y pedir ayuda a vecinos.
Otros de los hechos que llegarán a juicio ocurrieron el 19 de abril de 1976, cuando los integrantes de la CNU protagonizaron un verdadero raid por diferentes puntos de la ciudad para secuestrar a tres trabajadores.
Los cuerpos de Leonardo Miceli, Horacio Urrera y Carlos Alberto Sathicq aparecieron flotando al día siguiente en el arroyo Sarandí, en el partido de Avellaneda, «acribillados a balazos, tanto de frente como por la espalda», según la documentación citada en la acusación por los fiscales.
En ese raid participó Castillo, según declaró un testigo, y el caso de Miceli es el único de los tres de ese raid que ahora llega a juicio.
Pocos días antes de aquellos asesinatos, entre la noche del 3 de abril y la madrugada del 4, la banda de la CNU concretó los secuestros de Néstor Hugo Dinotto, Graciela Herminia Martini, y de otra pareja de sobrevivientes, quienes fueron interceptados mientras viajaban en un auto por la localidad de Villa Elisa, al norte de La Plata.
Las parejas fueron llevadas a una zona rural posiblemente cercana a Punta Lara, al este de La Plata y muy cerca del Río de La Plata, donde sufrieron torturas y amenazas.
Una pareja fue liberada después de un simulacro de fusilamiento, en las calles 2 y 32, de La Plata; mientras que Dinotto y Martini «aparecieron asesinados al día siguiente en la calle 11 del Barrio Los Porteños de City Bell, con numerosos impactos de proyectiles, disparados desde al menos tres armas de fuego calibres .12, .11.25 y .9 mm», según se lee en la elevación a juicio.
La dirigente del PST, Vilma Ripoll, participó de la audiencia de hoy, donde analizó que «es bueno que se empiece a avanzar en juicios de hechos que ocurrieron antes del juicio militar, bajo el amparo del Estado» y consideró que «desde el PST tuvimos ocho compañeros masacrados en 1974 en La Plata», cuyos casos no son juzgados en este juicio.
«La marcha contra el 2×1 de la semana pasada nos da confianza que podemos avanzar porque la presión social contra ese fallo vergonzoso de la Corte Suprema que dejaba en libertad a los genocidas, les puede hacer reflexionar a estos jueces de que necesitamos que haya verdad, que haya justicia y que se los considere de lesa humanidad», dijo.
Se estima que en el juicio, que se llevará adelante los días lunes y miércoles, declararán más de 50 testigos, al menos entre 15 y 20 de ellos lo harán con la modalidad de identidad reservada.