El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, consideró hoy que «hay un conjunto muy importante de gobernadores que respaldan el juicio político a la Corte Suprema de Justicia» y consideró que el fallo del máximo tribunal sobre los fondos coparticipables que debe recibir la Ciudad de Buenos Aires afectará «la continuidad de muchas obras» en las provincias. «La discusión sobre la coparticipación y la gravedad que eso encierra es algo que se seguirá dando. Hay un conjunto muy importante de gobernadores que respaldan el juicio político. Hay que explicar muy claramente qué sucedería en cada provincia con ese fallo de la Corte referido a la coparticipación. Muchas obras que están en marcha no podrían seguir», explicó Katopodis en declaraciones a El Destape Radio. Sobre el pedido de juicio político que impulsa el Gobierno nacional a los integrantes del máximo tribunal, el funcionario afirmó que existe «un proceso de captura de las instituciones, sobre todo de la justicia por parte de grupos económicos que pretenden proteger sus privilegios». Para Katopodis, mediante un fallo de la Corte, «la Ciudad de Buenos Aires se adueñó de algo que no le correspondía», y adelantó que se trata de una discusión que el Ejecutivo «seguirá dando esta discusión hasta que cada provincia entienda la gravedad de la situación». «Cuando la gente votó en el 2019, también lo hizo por una Argentina más federal y más igualitaria», sostuvo el ministro, quien estimó además que en los comicios de este años «hay que remarcar que siguen en disputa dos modelos» de país. «No tenemos que perder de vista que hay una discusión sobre dos modelos y pasó algo grave estos días. Vimos una oposición en clave de negocios, y quedó a la vista lo que todos sabíamos», indicó en referencia a los chats atribuidos al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’ Alessandro (actualmente de licencia), en los cuales se registran intercambios con magistrados, funcionarios y empresarios. Katopodis aludió a las conversaciones que D’Alessandro mantuvo con el empresario Marcelo Violante, quien tuvo a su cargo la concesión del servicio de acarreo de grúas en la Ciudad durante 21 años y pagaba un canon de 55 mil pesos por mes. De acuerdo al contenido de los intercambios que trascendieron, D’Alessandro llevaba adelante gestiones para que las empresas de Violante recibieran contratos de parte del Gobierno de la Ciudad, así como «Lo «Lo que vimos (en esos chats) los representa (a los integrantes de Juntos por el Cambio) en su naturaleza y esa es su ética, así son en lo cotidiano. Es por eso que tiene que haber comprensión política de lo que hay en disputa en las próximas elecciones», apuntó Katopodis. El ministro sumó que si bien «hay un proceso regional y mundial de fuerte radicalización de la derecha, también está en disputa cómo se construye una sociedad más democrática y cómo garantizamos este proceso para no quedar rehenes de algunos grupos económicos que siempre van a defender determinados intereses».
