Kicillof: «La decisión de otorgaruna prisión domiciliaria es del Poder Judicial y no del Ejecutivo»

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró hoy que «la decisión de otorgar una prisión domiciliaria es del Poder Judicial y no del Ejecutivo» y añadió que su administración «no está de acuerdo» con las liberaciones masivas de presos.
El mandatario formuló declaraciones durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en La Plata, en la que anunció que el gobierno bonaerense inaugurará en los próximos meses unas 1350 nuevas plazas penitenciarias en el sistema penal con una inversión de 800 millones de pesos.
Acompañado por sus ministros de Justicia, Julio Alak, y de Seguridad, Sergio Berni, Kicillof aseveró que «este gobierno no coincide cuando se le da domiciliaria a quien cometió delitos de gravedad exponiendo a las víctimas» y pidió que se «reviertan estas situaciones que generan miedo en la población».
«Pero eso tiene que ser por decisión del Poder Judicial. Yo no lo puedo hacer. Lo único que yo puedo hacer es ampliar la capacidad carcelaria y garantizar las condiciones de detención bajo medidas de higiene y seguridad», explicó.
En ese tono, Kicillof subrayó que desde el Poder Ejecutivo no sólo no se promovió el otorgamiento de prisiones domiciliarias «sino que no se está de acuerdo» con ello, apuntó que desea que «esas situaciones que generaron miedo en la población se reviertan» pero manifestó que ello «depende del Poder Judicial».
«Confío en que la Suprema Corte ordene esta situación», añadió con relación al recurso presentado ayer por el fiscal del Tribunal de Casación, Carlos Altuve, para que el máximo tribunal bonaerense revoque el habeas corpus colectivo que habilita la prisión domiciliaria de presos que están dentro del grupo de riesgo ante el contagio de coronavirus, al considerarlo «de extrema gravedad institucional» y que puede «poner en jaque al sistema jurídico penal».
«Ante tanta campaña mediática con falsas noticias quiero aclarar que quién va, quien sale de la cárcel y quien tiene domiciliaria es decisión del Poder Judicial. No del Ejecutivo», expuso el mandatario y resaltó que «la campaña consiste en tratar de responsabilizar a este gobierno de liberar presos».
Kicillos expuso que «la obligación del Ejecutivo no es decidir libertades sino alojar en las cárceles a quienes tienen que estar en situación de encierro».
Recordó que al asumir su mandato la situación carcelaria era «de emergencia», rememoró que unos 15 mil privados de la liberad llevaban adelante una huelga de hambre por falta de alimentos y medicamentos y destacó que se pudo salir de esa coyuntura «muy rápidamente».
El gobernador leyó una noticia publicada por Infobae el 7 de septiembre de 2018 donde se planteaba que el gobierno de María Eugenia Vidal «quería dar domiciliaria a 1500 presos porque no había lugar en las cárceles».
«El entonces ministro de Justicia (Gustavo) Ferrari le recomendó eso a la Justicia», señaló Kicillof y apuntó que «si quieren encontrar un Poder Ejecutivo tomando esa decisión busquen en el gobierno anterior, no en este».
El mandatario también cuestionó la Resolución 158 dictada por el procurador general Julio Conte Grand «a través de la cual instruyó a los defensores -que dependen de él- a impulsar prisiones domiciliarias para la población de riesgo».
Criticó el hecho de que en la medida Conte Grand «omitió señalar que las domiciliarias no pueden contemplar a quienes hayan cometidos delitos graves» y recordó que cuando se le consultó al ministerio de Justicia al respecto «dejó en claro que no puede darse ese beneficio a quienes hayan cometido delitos graves».
Luego expresó que como al Ejecutivo le competen las condiciones de detención, en los próximos meses su administración inaugurará 1350 nuevas plazas «con el fin de aliviar la superpoblación carcelaria».
A su turno, el ministro Alak destacó que el plan de infraestructura penitenciaria contempla unas 10 ampliaciones y nuevos pabellones en las unidades de Florencio Varela, Campana, Magdalena y Lisandro Olmos, así como la construcción de una nueva cárcel en Lomas de Zamora.
«La situación en la provincia es compleja: tenemos una superpoblación del 110 por ciento», destacó y recordó que en octubre de 2019 «el Tribunal de Casación dijo que había una crisis humanitaria en las cárceles».
Alak manifestó que si bien se logró regularizar la situación de emergencia con que se encontraron al asumir «desde marzo, con el riesgo sanitario por la pandemia, la situación se agudizó» y remarcó que por ello se lanzó el plan de infraestructura penitenciaria.
Respaldó al gobernador al afirmar que «el Poder Ejecutivo no tiene atribuciones para liberar presos» y dijo que «sólo tiene atribuciones sobre sus condiciones de detención».
«Las decisiones de que ingresen o egresen presos las toma el Poder Judicial. Se pretendió decir que el Ejecutivo tenía un plan para liberar internos y desde aquí lo desmentimos completamente. El gobierno no participó en ningún caso donde se pidan libertades o prisiones domiciliarias», expuso Alak.
«Esperemos que la Corte se exprese en cuanto a cuáles son las reglas que deben regir en este momento donde la salud es lo más importante», subrayó.
Consultado sobre la propuesta de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien sugirió que se aloje en fábricas en desuso o cuarteles, Alak sostuvo que «fue el gobierno anterior el que colapsó de internos el sistema provincia y federal sin construir y más cárceles».
«Tendrían que haber construido unidades. Es básico. La señora Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad. Es irreparable pedir mandar intentos a cuarteles o fábricas. Tendría que preguntarse si incrementaron de manera gigantesca por qué no construyeron cárceles. Pero no tiene respuesta», dijo.
Por último, el ministro indicó que no se desea «que los trabajadores penitenciarios ni los internos se contagien porque la cárcel, a diferencia de la escuela, no se puede cerrar» y graficó que existen «63 unidades en 20 ciudades» por lo que «no podemos permitir contagios».
Más tarde, Berni analizó que «los bonaerenses fuimos muy pacientes esta semana esperando explicaciones del Poder Judicial que nunca llegaron» y atribuyó ese hecho a que «nadie puede alegar su propia torpeza».
Pidió que la Justicia «ordene este gran desorden que ha provocado», evaluó que el Estado «debe garantizar los derechos de la salud y la vida pero con orden, seguimiento y control, y no con la liberación de presos descontrolados donde nadie sabe a dónde fueron».