La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó hoy el proyecto de ley que modifica un artículo del Código Procesal Penal bonaerense al prohibir «la aplicación del principio de ley más benigna para el caso de sucesión de normas procesales».
El proyecto, que pasará al Senado bonaerense, se inserta en el contexto de la discusión respecto a Ley Nacional 24.390 comúnmente denominada Ley del 2×1.
El autor del proyecto, el vicepresidente de la Cámara de Diputados provincial, Ramiro Gutiérrez, afirmó que «la nefasta ley del 2×1 consolida una mentira».
La iniciativa contempla «la prohibición absoluta de su aplicación como ley más benigna en el contexto del proceso penal bonaerense, sea para delitos de lesa humanidad, sea para delitos comunes» y la creación de una Comisión Bicameral que controlará todas las condenas por crímenes de lesa humanidad en el territorio bonaerense.
Al respecto el jefe del Bloque Cambiemos, Jorge Silvestre, sostuvo que «con la Comisión Bicameral vamos a ser fieles testimonios para la prohibición absoluta de su aplicación como ley más benigna en el contexto del proceso penal bonaerense, sea para delitos de lesa humanidad, sea para delitos comunes».
La «Comisión Bicameral Para el Seguimiento y Monitoreo de la situación procesal de los Detenidos y Alojados por Crímenes de Lesa Humanidad, Genocidio y Guerra en Unidades Penales Bonaerenses», tendrá por objeto un seguimiento de cada una de las causas de quienes se encuentren alojados en el Servicio Penitenciario Bonaerense coordinando el registro y contralor de los procesos abiertos a fin de que el Estado provincial, representado en uno de sus poderes, sea un colaborador activo en cumplimiento de las obligaciones de nuestro país en materia de derechos humanos.
En esta obligación de doble vía, el Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires es el organismo fundamental a fin de brindar la información actualizada que la Comisión requiera para la elaboración de sus informes, atento su carácter de institución de guarda y custodia de detenidos y alojados en la Unidades Penales Provinciales.
De esta manera, y sin perjuicio de la facultad de la Comisión de requerir informes al Poder judicial respecto del estado procesal de las causas seguidas por delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, el proyecto establece la obligación en cabeza del Servicio Penitenciario de informar el estado, así como cualquier modificación o vía incidental que pudiera modificar la situación de las personas sujetas a proceso por los delitos referenciados.