La Justicia analiza por estas horas si le concede a Cristina Fernández de Kirchner el arresto domiciliario luego que la Corte Suprema confirmara el fallo que la condenó a seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Si bien trascendidos indican que el tribunal se inclinaría por este beneficio, buscaría algunas restricciones para, por ejemplo, evitar que el balcón donde sale a saludar se convierta en un escenario de discursos políticos para sus seguidores.
A la espera del dictamen del fiscal Diego Luciani y con un informe técnico que dice el domicilio del barrio de Constitución es apto para cumplir el arresto domiciliario, la decisión final está a cargo del juez Jorge Gorini junto a sus pares Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Las dudas de los jueces pasan por saber qué puede ser del futuro del barrio si Cristina sigue sus días de detención allí. Desde que se confirmó el fallo, por allí pasaron miles de seguidores que mostraron su apoyo la líder de la oposición, aunque un operativo de la Policía de la Ciudad retiró carpas, banderas y estructuras montadas en el lugar.
En este contexto, Gorini analiza un régimen de detención con restricciones, que podría limitar el uso de redes sociales o que siga saliendo al balcón de su casa como hasta ahora. Sin embargo, es complejo pensar que si se acepta la prisión domiciliaria la expresidenta no pueda usar el balcón, que en definitiva es parte de la vivienda.
Además el delito por el que fue condenada no está vinculado con el uso de Internet o de redes sociales. Aunque sí puede ser que los magistrados presten atención en la cuestión de las visitas que pueda recibir Cristina, donde se analiza si corresponde poner un límite en cuanto a la cantidad de personas.
Otro punto bajo análisis es que el control de los presos en prisión domiciliaria no lo hacen policías o penitenciarios, sino que se realiza de manera electrónica con una tobillera. No obstante, por ser expresidenta tiene custodia oficial, y además es uno de los argumentos de su defensa ya que hace un tiempo sufrió un atentado contra su vida.
Pero la discusión que pasa por los pasillos de Comodoro Py, también tiene en alerta al Gobierno de Javier Milei, que mira con preocupación la movilización que prepara para el miércoles el kirchnerismo. “Un tema es que le den arresto domiciliario y otro es que le permitan condiciones que estarían fuera de lugar: leía en los diarios que por ahí le daban condiciones que le permitían comunicarse o salir al balcón”, dijo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
De hecho, para buscar desactivar la marcha a Comodoro Py el miércoles, día que Cristina adelantó que se presentará, la Justicia podría apurar la notificación y hacerlo vía electrónica. La idea, obviamente, es quitarle un argumento a la movilización, algo que desde el kirchnerismo aseguraron que se mantendrá, pase lo que pase.
Las razones esgrimidas por Cristina Kirchner para no estar en prisión son su seguridad, porque dijo que intramuros su vida corre peligro. Su abogado Carlos Beraldi pidió que se considere que ya sufrió un intento de homicidio, y también lo justificó a partir de su edad, ya que tiene 72 años