La Cámara de Diputados intentará esta tarde aprobar el proyecto de Financiamiento por más de USD 3.000 millones enviado por el gobernador Axel Kicillof, una iniciativa que requiere el apoyo de dos tercios de los votos y que llegará al recinto después de semanas de negociaciones intensas dentro del peronismo y con la oposición.
El acuerdo podría destrabarse a partir de la propuesta del Poder Ejecutivo de crear el Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal a repartir entre las 135 comunas. El gobernador se comprometió a que ese paquete ascienda a hasta $350.000 millones, sujeto a la colocación de toda la deuda solicitada, con una garantía de 250.000 millones a liquidarse en cinco cuotas en el primer semestre de 2026.
En la mesa de negociación, los intendentes ya consiguieron incorporar la condonación de las deudas municipales por los fondos COVID otorgados durante la pandemia, ya que el borrador original solo contemplaba nuevas prórrogas. Además, el entendimiento podría llegar a incluir la creación de nuevas sillas en el directorio del Banco Provincia, que quedarán en manos de representantes de la oposición, así como cargos en el Consejo de Educación y en el Tribunal Fiscal de Apelación.
En ese sentido, ayer se conoció un pronunciamiento del Foro de Intendentes Radicales en el que reclamaron acompañar el esquema de endeudamiento solicitado por Kicillof y remarcaron que los municipios necesitan “previsibilidad” para sostener la gobernabilidad y planificar obras «en un contexto económico que incrementa las demandas ciudadanas y presiona las finanzas municipales».
El proyecto por el que se prevé solicitar financiamiento habilita operaciones por hasta US$ 3.635 millones, estructurados en dos tramos principales: uno por US$ 1.045 millones y otro por US$ 1.990 millones. Incluye además la emisión de Letras del Tesoro por hasta US$ 250 millones en 2026; la autorización a Buenos Aires Energía S.A. para tomar US$ 150 millones destinados a proyectos energéticos; y la habilitación a Aubasa para endeudarse por US$ 250 millones para obras de infraestructura.
El Gobierno fundamentó esta necesidad de tomar deuda en tres ejes: el pago de vencimientos en moneda extranjera heredados de la gestión de María Eugenia Vidal, dado que en 2026 caduca el equivalente a u$s2.500 millones, de los cuales u$s830 millones corresponden a compromisos en moneda extranjera, distribuidos en dos cuotas de u$s415 millones cada una.
También empleará los recursos para la reactivación de la obra pública provincial paralizada tras el recorte dispuesto por la administración de Javier Milei; y la cobertura de áreas de gestión afectadas por el déficit financiero generado por la caída de transferencias nacionales.
El pedido de Kicillof
Hace 10 días, el gobernador logró que se sancionen las leyes de Presupuesto e impositiva. La denominada «Ley de Leyes» proyecta un gasto total de $43 billones, con fuerte inversión en infraestructura, promoción y asistencia social, salud, educación y seguridad. mientras que la Ley Fiscal incorpora una baja nominal en la patente y no prevé aumentos reales en el resto de los tributos.
Pero, ante la demora para que avance el endeudamiento, el lunes pasado -acompañado por intendentes, gremios, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos- Kicillof denunció “una asfixia financiera” por parte de la Nación contra las finanzas bonaerenses y pidió a la Legislatura que avance con la iniciativa “necesaria para dar respuestas en tiempos difíciles”.
Evaluó que el Endeudamiento será para poder defender «a los 17 millones de bonaerenses» frente a lo que definió como un “asedio financiero” del Gobierno nacional; calificó de “robo” los recortes que el gobierno de Milei aplicó sobre la jurisdicción y denunció: “Nos robaron 12,9 billones de pesos”.
«No pedimos fondos extras ni obras faraónicas. Es lo que solicitan todas las provincias para sostener su funcionamiento normal», aclaró y sostuvo que la herramienta «permite cumplir obligaciones sin recortar lo esencial» y completó :“No estamos dispuestos a afrontar vencimientos de una deuda que no tomamos con recursos que deberían destinarse a salud o educación. La Legislatura debe decidir en favor de evitar más sufrimiento y del orden económico y social de la provincia».