La lucha anticorrupción volvió a poner en jaque a la política latinoamericana en 2018

Un presidente y una vicepresidenta que dejaron sus cargos y dos líderes opositores encarcelados fueron los casos más notorios, pero no los únicos, de un 2018 en el que, igual que el año pasado, la lucha contra la corrupción volvió a poner en jaque a buena parte del sistema político en América latina.
Por segundo año consecutivo, Perú fue uno de los países donde mayor impacto tuvo el escándalo de los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht, que en 2018 se llevó puestos al presidente Pedro Pablo Kuczynski y a la jefa del mayor partido opositor, Keiko Fujimori.
Kuczynski renunció el 23 de marzo para evitar que el Congreso lo destituyera en el segundo proceso de vacancia (mecanismo similar al juicio político) que le formó en tres meses, en ambos casos por haber ocultado sus vínculos con Odebrecht cuando era funcionario del presidente Alejandro Toledo, más de 10 años atrás.
Fujimori está en una cárcel común desde el 31 de octubre, cumpliendo prisión preventiva por tres años, ordenada por el juez que la procesó a raíz de la acusación fiscal por lavado de activos vinculados con aportes ilegales de Odebrecht a su campaña electoral en 2011.
En Perú, además, tienen cuentas pendientes con la Justicia todos los ex presidentes vivos. Tres de ellos son investigados por Odebrecht y otros casos de corrupción: Ollanta Humala (excarcelado el 26 de abril por orden del Tribunal Constitucional), Alan García (no puede salir del país por orden judicial) y Alejandro Toledo (prófugo en Estados Unidos).
Asimismo, Alberto Fujimori volvió a la cárcel después de que el 3 de octubre la Justicia anulara el indulto que Kuczynski le había concedido a fines de 2017, y el general Francisco Morales Bermúdez, de 97 años de edad, está procesado por un caso de lesa humanidad.
En Brasil, el ex presidente y actual líder opositor Luiz Inácio Lula da Silva está preso desde el 7 de abril, tras confirmarse en segunda instancia la condena que le había sido impuesta en una de las nueve causas en las que está procesado o investigado por corrupción.
Por ese motivo fue inhabilitado para competir en las elecciones presidenciales de octubre pasado, para las que encabezaba las encuestas de intención de voto. Su reemplazante, Fernando Haddad, fue derrotado holgadamente en segunda vuelta y un mes después, un juez le imputó haber recibido sobornos cuando era alcalde de San Pablo.
En Ecuador, la vicepresidenta María Alejandra Vicuña renunció el 4 de este mes, después de que un antiguo colaborador de la época en que era diputada afirmara que debía depositar parte de su sueldo en la cuenta bancaria personal de ella como condición para mantener su trabajo.
Vicuña ejercía la Vicepresidencia desde octubre de 2017 en forma provisoria y a partir de enero de este año de manera definitiva, luego de que su antecesor, Jorge Glas, fuera destituido y encarcelado tras hallárselo culpable de haber recibido sobornos de Odebrecht.
Por otra parte, la Corte Nacional de Justicia resolvió en noviembre pasado procesar al ex presidente Rafael Correa, acusado de haber ordenado en 2012 el secuestro en Colombia de un dirigente opositor. Como ese delito no puede ser juzgado en ausencia y el ex mandatario vive en Bélgica, el tribunal pidió su captura a la Interpol, que rechazó la solicitud.
El caso de Odebrecht, el más resonante de los derivados de la operación Lava Jato -la investigación sobre multimillonarios desvíos de fondos de la petrolera estatal brasileña Petrobras a través de subcontratistas- puso también en dificultades judiciales a decenas de funcionarios y ex funcionarios en varios países de la región.
Acaso el episodio más curioso al respecto sea el que ocurrió en noviembre pasado en Colombia, donde un hombre murió envenenado con cianuro al beber de una botella de agua saborizada que estaba en el escritorio de su padre, un ingeniero fallecido tres días antes -supuestamente por un infarto- que llevaba años afirmando que el fiscal general, Néstor Martínez, estaba al tanto de los sobornos pagados por Odebrecht, sin denunciarlos.
Desde el 5 de este mes, Martínez está bajo investigación parlamentaria.