La provincia de Buenos Aires dispuso una actualización de los montos destinados a programas alimentarios y sociales clave, a través de una serie de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. Las medidas, impulsadas por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, impactan en el Servicio Alimentario Escolar (SAE), las Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) y los Centros de Integración Social (CIS).
En el caso del SAE, la cartera que dirige Andrés «Cuervo» Larroque aprobó un incremento en el valor de las prestaciones presenciales a partir del 1° de mayo de 2026, en función de la variación de precios de los alimentos. Los nuevos montos fijan en $622 el cupo diario para desayuno merienda y en $1.285 para comedor, con actualizaciones también para modalidades especiales como “listo consumo”, albergues y prestaciones adaptadas a patologías. La medida se sustenta en la necesidad de garantizar la continuidad del esquema alimentario escolar frente al contexto inflacionario.
En paralelo, la cartera bonaerense definió una suba en las becas del programa UDI desde el 1° de abril. Los valores ascienden a $51.236 para las modalidades Jardín Maternal Comunitario y Casa del Niño, mientras que el Centro de Atención Integral pasará a $36.594. El programa está orientado a niños y niñas de entre 45 días y 14 años, con el objetivo de promover su desarrollo integral a través de ejes sanitarios, educativos y sociales.
A su vez, se dispuso un aumento en los montos del programa CIS, destinado a la atención de personas en situación de calle. Desde abril, las prestaciones se elevarán a $211.891 por plaza y $242.163 en casos de espacios alquilados, con el fin de sostener el funcionamiento de los dispositivos de alojamiento y contención. Desde el área señalaron que la actualización responde a que los valores vigentes resultaban insuficientes para cubrir los costos operativos.
Las tres decisiones se enmarcan en la Ley 15.477, que asigna al ministerio la responsabilidad de coordinar políticas de asistencia alimentaria y social. Además, las resoluciones cuentan con intervención de organismos como la Contaduría General de la Provincia, la Fiscalía de Estado y áreas del Ministerio de Economía bonaerense, que evaluaron el impacto presupuestario de las medidas.
Las decisiones se dan en un escenario de mayor presión sobre la política alimentaria bonaerense, con aumento de la demanda en comedores escolares y comunitarios y deterioro del poder adquisitivo. En ese marco, la Provincia avanzó con refuerzos que incluyen subas en partidas y ampliación de cobertura para sostener el sistema de asistencia.