El Gobierno bonaerense avanza en el plan para erradicar los manicomios de la provincia de Buenos Aires en base a la transformación de los hospitales psiquiátricos en nuevas instituciones sanitarias enmarcadas en la comunidad, lo que constituye «un cambio enorme de paradigma» para no excluir ni estigmatizar a los pacientes, explicó en una entrevista a Télam la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género, Julieta Calmels.
La semana pasada se presentó la Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental, un espacio que propone un cambio de abordaje en la atención de esa problemática, con políticas de cuidado dentro de un sistema sanitario con acceso integral e igualitario. En diciembre de 2019 la Provincia dispuso el cierre de nuevos ingresos a los pabellones crónicos de los neuropsiquiátricos, inició la externación de pacientes crónicos e instaló un sistema de relevamiento y monitoreo para todas las instituciones públicas. En la primera etapa, la Comisión intervino en el proceso de transformación de los cuatro hospitales públicos monovalentes que tiene la Provincia: José A. Estéves, de la localidad de Temperley en Lomas de Zamora; Alejandro Korn, de La Plata; Domingo Cabred, ubicado en Open Door, Luján; y Domingo J. Taraborelli, de Necochea. A la vez, se gestionaron nuevas residencias con distintos niveles de apoyo destinadas a las personas institucionalizadas y se reactivó la construcción de diez viviendas con el mismo fin. «La Comisión trabajara para producir un cambio en el modelo de atención de salud mental, con dos ejes centrales que tienen que ver con la restitución de derechos y con la inclusión social de las personas», dijo a Télam Calmels sobre el proceso que comenzó el 10 de diciembre del 2020, en el Día de los Derechos Humanos. En ese sentido, sostuvo que se hará de modo «progresivo» en «un plazo de tres años con posibilidad de ampliarlo a tres años más». El gobernador Axel Kicillof destacó días atrás al presentar la Comisión que además de estar cumpliendo con la Ley nacional de Salud Mental 26.657 sancionada en 2010, a la que la provincia adhirió cuatro años más tarde, se trata de «una de la tareas más complicadas de nuestro Ministerio de Salud, que es el proceso de convertirnos en una provincia libre de manicomios». «El diagnóstico es que había una vulneración grande de derechos en los tratamiento de personas con padecimiento mental», expresó Calmels, quien detalló que «el artículo 3 de la ley define que la salud mental es un proceso que tiene una determinación múltiple de causas psicológicas y biológicas, pero también históricas, culturales y sociales», por lo que analizó que «la posibilidad de mejorar está ligada al cumplimiento de derechos sociales y humanos de las personas». A la vez, planteó que la norma también postula «que las internaciones por salud mental tienen que ser la ultima alternativa, deben producirse en hospitales generales y por el tiempo más breve posible». Calmels indicó que la norma «establece que para el año 2020 había que cerrar las instituciones llamadas manicomios públicos y privados y ser sustituidos por dispositivos para la atención de personas con base en comunidades». «Las personas con padecimiento mental tienen que tener acceso a la salud en ámbitos donde viven ya sea en casas de medio camino, centros de día o espacios de atención ambulatorio. Este es un cambio enorme de paradigma», remarcó. En ese marco, detalló que cuando asumió la actual gestión, había 1.810 personas internadas en manicomios (el 42% con más de 10 años en instituciones) y contó que, en un año y medio lograron llevar ese número a 1.396. «Encontramos personas que llevaban 20 o 30 años internadas. Había un señor que llevaba 63 años internado. Ahora está en un geriátrico», ejemplificó. El proyecto busca transformar «los viejos manicomios en instituciones abiertas a sus comunidades», graficó Calmels y señaló que, paulatinamente, se cerraron pabellones psiquiátricos y se hicieron «externaciones cuidadas» para construir una «alternativa de vida en la comunidad». Con ese propósito, el Gobierno bonaerense alquiló y construyó viviendas y -en un trabajo articulado con la Fundación Banco Provincia y las cooperadoras de los hospitales- generó estrategias colectivas. «Se equiparon las casas, se compraron muebles y acolchados. Desde los hospitales se les lleva comida y se hace un seguimiento en los tratamiento de esas personas», cuya manutención en parte se sustenta con las propias pensiones, indicó la funcionaria a Télam. La subsecretaria opinó que «es muy interesante lo que pasa en términos terapéuticos: son por ejemplo siete personas en una casa con tres habitaciones, jardín, living grande y parrilla que continúan su tratamiento en ese lugar, en condiciones dignas». Explicó que los equipos interdisciplinarios -conformados por psiquiatras, psicólogos y enfermeros- visitan las casas cotidianamente «para ver cómo llevan adelante las compras del supermercado, el manejo de dinero, cómo se organizan en la casa, donde hacen talleres y trabajan cuestiones de la convivencia». Calmels dijo que esas personas también concurren a centros comunitarios de día y talleres, tanto para continuar sus tratamientos como para hacer controles de medicación. «Esto es la atención de personas fuera del manicomio», precisó. «Hay 251 personas viviendo en lo que denominamos ‘externaciones sustentables’, es decir, casas en la comunidad ya sean alquiladas o construidas por la provincia», contó y sostuvo que «ello se lleva adelante con apoyos gestionados por los quipos de los neuropsiquiátricos y 121 dispositivos habitacionales». Treinta de las unidades residenciales son financiadas desde el Ministerio de Salud. En ese sentido, anticipó que en las tierras del Hospital de Melchor Romero, en La Plata, se proyecta terminar en los próximos meses diez nuevas casas. Calmels recordó que distintos organismos como el Cels o la Comisión Provincial por la Memoria trazaron duros informes sobre las condiciones de vida en neuropsiquiátricos y detallaron que la tasa de muerte en esos lugares era incluso más elevada que en las cárceles. «Es importante saber que adentro se sirve comida a granel, todo procesado, nadie come alimentos sanos; se bañan en duchas sin cortina ni puerta; no hay espacios dignos para recibir familiares; no hay habitaciones sino pabellones para 30 o 70 personas», ejemplificó. Por lo cual, evaluó que terminar con esos lugares de encierro «es cambiar el modelo de atención respetando los derechos humanos y con inserción social, con cuidados desde los equipos de salud mental, medicación y el tratamiento necesario porque la vida no puede ser ahí adentro sino que tienen derecho a vivir en un hogar y un barrio». «A un señor que ahora vive en una casa, le pregunté qué era lo mejor de su nueva vida y me dijo ‘el silencio’. Es una cuestión de humanidad», concluyó.
