Los Colegios de Martilleros y Corredores Públicos de Buenos Aires y de Martilleros y Corredores Públicos de La Plata, Berisso y Ensenada criticaron hoy el proyecto de ley que elimina el cobro de comisiones inmobiliarias a los inquilinos de viviendas familiares de la provincia y advirtieron que aumentará los costos de alquilar.
La iniciativa, con media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense, modifica la norma que regula los aranceles de los martilleros e inmobiliarias y traslada el cobro de las comisiones a los dueños de las viviendas.
Los beneficios serán sólo para inquilinos de vivienda permanente que no superen el monto de un salario y medio vital y móvil, entre 18 y 19 mil pesos, y quedan excluidos los alquileres de vivienda que superen ese monto y los alquileres con fines comerciales.
En ese sentido, Juan Carlos Donsanto, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, dijo a Télam que «debe generarse un alquiler social que permita a personas de menos recursos acceder a la vivienda».
«El límite de un salario y medio que se votó son casi 20 mil pesos, o sea que incluye a casi todos los alquileres y pierde el carácter social. Un dos ambientes en centros urbanos está 9500 pesos mensuales y en el interior estos valores bajan a 6000. El importe es desmedido», analizó.
Evaluó que si esa situación no se modifica en el Senado «presentaremos recurso de amparo en la Justicia» y detalló que «de cada honorario, aportamos 6 por ciento a la Caja de Previsión, con lo cual al meter todos los alquileres en la bolsa, tendremos disminuciones de aportes».
«Resumir el problema en que los profesionales inmobiliarios no deban cobrarle más a los inquilinos y cargar sus honorarios sobre los propietarios, puede además desalentar la inversión en la construcción con destino a renta porque se genera temor e inseguridad», precisó y estimó que ello puede implicar «reducir la oferta y en consecuencia aumentar los costos de los alquileres».
Sostuvo que «los alquileres en la provincia crecieron 26 por ciento, muy por debajo de la inflación, y tienen una rentabilidad anual del 3 por ciento. Si, encima, a eso le cargamos los gastos al locador; desalentará las inversiones».
En la misma línea,el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de La Plata, Berisso y Ensenada, Aníbal Fortuna, aseguró ante esta agencia que «este proyecto es una barbaridad porque hace que el Estado se meta en una relación entre particulares y va a traer más problemas que soluciones».
Consideró que «el propietario trasladará esos nuevos gastos a precios y el alquiler se incrementara en un 35 por ciento promedio».
«Están equivocados si buscan que el Estado regule los contratos de hasta 18 mil pesos ya que un alquiler social es de hasta 5000 pesos. En ciudades como La Plata, Mar del Plata o Bahía Blanca puede haber alquileres de 18 mil pesos pero no el interior», opinó y apuntó que «esta ley es populista y no beneficia a nadie».