Con el objetivo de actualizar los números de las cuentas electorales, el Gobierno estableció un aumento del 75% en los límites de gastos de campaña con respecto a los comicios presidenciales de 2015, un incremento que se acomoda a la inflación acumulada en estos últimos dos años.

Los partidos podrán gastar hasta $ 710 millones en las próximas campañas legislativas, según se desprende de la resolución 03/2017 emitida por la Cámara Nacional Electoral, que hizo efectivo el aumento del módulo electoral incluido por el Gobierno en el presupuesto.

El límite para gastar durante las campañas de 2017 está compuesto por el tope de $ 474 millones para las elecciones generales más otros $ 236 millones como máximo para las PASO. Los números incluyen desembolsos de las fuerzas tanto a nivel nacional como provincial.

Dado que el Ejecutivo no había incluido el módulo electoral en el presupuesto de 2015, la Cámara Electoral había decidido en las últimas elecciones ejecutar un fuerte aumento en los límites de gastos para contribuir al sinceramiento de un sistema de financiamiento acostumbrado a operar por fuera de la ley, con millonarios movimientos de efectivo en negro. La Justicia decidió aplicar, entonces, un aumento de 93% en los límites de gastos, casi 20% por encima del actual incremento aplicado por el Gobierno para estas elecciones. Ese incremento se acentúa, sobre todo, porque la inflación entre 2013 y 2015 fue más baja.

Desde que Mauricio Macri asumió, el oficialismo levantó la bandera de la transparencia en el financiamiento de las campañas. Primero, intentó incluir nuevas regulaciones en el proyecto de reforma política. Después, redactó un proyecto para cambiar el sistema, que contemplaba, incluso, el aporte de dinero por parte de empresas. Por ahora no se aprobó ninguna en el Congreso.

Los partidos políticos manejan un doble estándar en las cuentas electorales. El caudal más importante de los millones de pesos transita en las sombras a través de una compleja logística de recolección de fondos por fuera de la ley. En las últimas elecciones presidenciales, por ejemplo, los gastos declarados apenas llegaron a un tercio de la real inversión que las fuerzas políticas desplegaron en la calle.

En sus declaraciones oficiales ante la Justicia, los partidos no suelen superar los límites para gastos. Por ejemplo, el Frente para la Victoria invirtió oficialmente $ 104 millones para las tres campañas que afrontó Daniel Scioli, muy por debajo de los $ 254 establecidos como tope.

La resolución también establece límites de aportes de personas físicas y empresas a los partidos durante 2017. Un individuo puede aportar hasta $ 6,4 millones a una alianza a lo largo de todo el año, pero ese número puede llegar hasta los $ 11 millones si decide aportar también en cada uno de los distritos provinciales en que esté inscripto el partido.

Aunque la ley de partidos políticos impide el aporte de empresas a las campañas, las sociedades sí pueden aportar a los partidos. El límite impuesto este año para las personas jurídicas alcanza los $ 3 millones a nivel nacional, pero supera los $ 6 millones en el caso de que la firma decida, además, poner dinero en cada una de las provincias.