El presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, criticó a la oposición por solicitar una sesión especial para la semana que viene con el propósito de tratar el proyecto de ley que regula el trámite de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso, y consideró que «solamente quieren complicar» al Gobierno y «se olvidan una vez más de la gente».
«La ley de DNU (26.122) que ‘repentinamente’ quieren modificar, tiene 19 años de vigencia. Quienes promueven esto se valieron de la misma cuando fueron gobierno. Solamente quieren complicar al actual gobierno. Priorizan sus intereses y se olvidan una vez más de la gente», expresó Menem a través de sus redes sociales.
Diputados nacionales de los bloques Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Unión por la Patria solicitaron esta semana una sesión especial para el próximo martes con el objetivo de tratar el proyecto de ley que regula el trámite de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso.
El presidente Javier Milei ya anticipó que lo vetará por considerar que con el mismo la oposición busca darle «un golpe de Estado».
Concretada la convocatoria a sesión de los bloques opositores, fuentes parlamentarias de LLA observaron que la misma «no lleva la firma de ningún diputado alineado con gobernadores».
Para las autoridades del bloque oficialista «esta convocatoria atenta contra las negociaciones del Presupuesto que se están llevando a cabo».
En la sesión pedida para las 15, se pondrá en consideración el rechazo al DNU 846/24 que modificó algunos requisitos en relación al proceso de canje de deuda.
La convocatoria para debatir el proyecto sobre regulación de los DNU fue firmada por los bloques mencionados y por Sergio Acevedo de Por Santa Cruz. Además el contaría en el recinto con el respaldo de la Izquierda.
El texto que llegará al recinto fue dictaminado el miércoles de la semana pasada con las firmas de los bloques que convocaron a la sesión; y además se registraron otros tres despachos de minoría: uno de la UCR tradicional, uno de la Coalición Cívica y el de La Libertad Avanza, expresando el rechazo a las modificaciones.
El PRO, en situación incomoda por haber sido impulsor y agitador del tratamiento del proyecto durante los años de gobierno kirchnerista, no firmó el dictamen con sus socios de LLA y no se expidió públicamente sobre el tema.
El dictamen de mayoría dispone que los decretos “perderán vigencia si no fueran aprobados mediante resolución de ambas Cámaras del Congreso en un plazo de 90 días corridos contados desde su publicación”.
A la vez, determina que «cuando los decretos sean dictados durante el período de receso parlamentario las Cámaras podrán abocarse a su expreso e inmediato tratamiento conforme al artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional”.
Entre sus puntos principales señala que “el rechazo por alguna de las Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia”.
También precisa que “si un decreto es rechazado, el Poder Ejecutivo no podrá dictar uno análogo en el mismo período parlamentario”.
En la legislación actual, para ser rechazado un DNU necesita ser votado en ese sentido por ambas cámaras.
Por tratarse de una norma derivada de la Constitución Nacional, el proyecto que se debatirá el martes requiere 129 (mayoría absoluta) para su aprobación.