Podrá acceder a una jubilación especial, aunque está al borde de quedar detenido por orden judicial. La medida fue oficializada este martes en el Boletín Oficial.
El presidente Javier Milei aceptó este martes la renuncia del juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, quien enfrentaba acusaciones por encubrimiento de narcotraficantes, extorsión a empresarios y malversación de fondos públicos. Con esta decisión, el magistrado evitará el juicio político que tramitaba en el Consejo de la Magistratura y podrá acceder a una jubilación de privilegio, aunque su detención podría concretarse en las próximas horas.
La aceptación fue formalizada mediante el decreto 443/2025, que lleva la firma del jefe de Estado y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El decreto no incluye fundamentos y deja sin efecto el proceso de remoción que avanzaba con respaldo unánime en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura.
Bailaque había presentado su renuncia el 11 de junio, con fecha efectiva este 1º de julio, en medio de fuertes cuestionamientos judiciales y políticos. En paralelo a su dimisión, afronta una causa penal por prevaricato, abuso de autoridad y presunta extorsión.
El dictamen aprobado por el Consejo vinculaba al juez con el capo narco Esteban Lindor Alvarado, a quien habría beneficiado en causas claves. También se lo acusa de haber armado una causa para extorsionar al empresario Claudio Iglesias y de haber favorecido a su entorno en el manejo de fondos de una cooperativa intervenida.
Pese a los reclamos de organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el INECIP, que pidieron al Poder Ejecutivo rechazar la renuncia para permitir el juicio político, la Casa Rosada optó por habilitar su salida.
“La aceptación de la renuncia extingue el procedimiento y le garantiza al juez acusado una jubilación de privilegio. La Constitución permite rechazarla para que se garantice su juzgamiento. Lo contrario es impunidad”, señalaron ambas entidades.
Designado en 2008, Bailaque fue durante años uno de los jueces federales más cuestionados de Rosario. Su juzgado fue escenario de múltiples denuncias por demoras en causas sensibles y supuestos vínculos con redes del narcotráfico.