El Gobierno tocó un nervio sensible al decidir impulsar también su plan “motosierra” en el ámbito de la educación pública, en especial, la superior, considerada por una amplia y heterogénea porción de la población, como un eslabón indispensable de cualquier intento de movilidad social ascendente en la Argentina.
Quienes se estén formando o se hayan formado como profesionales en universidades del Estado probablemente lleven «puesta» esa camiseta durante el resto de sus días: así de fuerte y de indisoluble suele ser el vínculo, y el sentido de pertenencia, que se genera durante el paso de decenas y decenas de miles de estudiantes todos los años por las aulas de esas instituciones.
El Gobierno, con el presidente Javier Milei a la cabeza, se enfrascó en los últimos días en una disputa con la comunidad educativa superior probablemente sin medir las consecuencias, o bien soslayándolas, y terminó perdiendo el control de la agenda política nacional. El jefe de Estado, en ese contexto, buscó argumentar su determinación de podar el presupuesto de la Universidad de Buenos Aires (UBA), por ejemplo, en supuestos casos de adoctrinamiento y de persecución ideológica en facultades de esa casa de estudios, aunque sus planteos fueron rápidamente refutados por autoridades académicas.
En realidad, Milei, que por cierto suele recurrir a lenguaje sumamente agresivo al referirse a quienes disienten de su forma de pensar, es correcto que señale lo que él observa como irregular dentro del ámbito universitario, pero lejos de proponer una discusión superadora, desde el punto de vista pedagógico, su postura, por el contrario, fue la de tratar de justificar de alguna manera el ajuste que intentaba motorizar.
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Si bien es válido también que el Gobierno procure auditar las cuentas de las universidades públicas y en el caso particular de la UBA, en qué se invierten/gastan los recursos que esa entidad recibe del Estado, el plan «motosierra» que ensayó Milei despertó en los últimos días una robusta respuesta de parte de la comunidad educativa que se verá unificada y reflejada en las calles del centro de la ciudad de Buenos Aires el próximo martes.
Ese día está previsto que se realice una masiva marcha en defensa de la educación pública, con la participación de alumnos, profesores, ex estudiantes y ex docentes, autoridades universitarias nacionales y hasta referentes políticos, y de sectores sindicales, más allá de los intentos de última hora del Gobierno por evitar que la movilización se lleve adelante, abriendo nuevamente el grifo y prometiendo más recursos para las casas de estudio.
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Así como en semanas anteriores fueron la actriz y cantante Lali Espósito primero, y luego el periodismo argentino -con denuncia penal incluida de parte de Jorge Lanata en contra del jefe de Estado por difamación-, Milei amplió su abanico de «enemigos» de ocasión al incluir a las universidades públicas en su nómina, aunque no con el propósito de deliberar sobre su funcionamiento, sino con el fin de guadañar sus presupuestos: «Hay que ajustar gastos en todos lados», expresó al respecto el ministro del Interior, Guillermo Francos.
La embestida en contra de la UBA -una de las universidades más prestigiosas del mundo hispano- y de las entidades médicas que de ella dependen, le valdrá al Gobierno toparse el próximo martes con una foto incómoda y que echará por tierra cualquier intento de bajarle el tono a la protesta blandiendo la diatriba de «la casta» y los privilegios que el oficialismo, en teoría, procura dinamitar: serán autoridades educativas, estudiantes y profesores los que encabezarán la movilización. Es más, es probable incluso que muchos de ellos hayan votado a Milei en las últimas elecciones presidenciales.
En este sentido, en el ámbito político doméstico causó sorpresa la arremetida del jefe de Estado especialmente contra la UBA, viendo cómo su cruzada precipitó un incremento de su imagen negativa en determinadas encuestas de opinión. Por ejemplo, un trabajo de la consultora Ad-Hoc mostró este viernes que el conflicto con esa casa de estudios impactó de lleno en la reputación digital del Presidente, al igual que la decisión de los senadores de aumentarse a mano alzada los sueldos y los recientes ascensos dispuestos en Balcarce 50.
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En ese contexto, seis de cada 10 menciones sobre Milei en redes sociales fueron negativas el último día hábil de la semana, en la que el Gobierno perdió el control de la agenda política nacional al permitir que el agua le llegara al cuello por la repercusión mediática del revuelo universitario. Asimismo, el concepto «casta», en el ecosistema digital -un universo en el que el líder libertario suele moverse con notoria ductilidad-,volvió a ser utilizado como una crítica hacia el oficialismo, según Ad-Hoc.
Si bien el Gobierno logró frenar por ahora la voracidad de las empresas de medicina prepaga, que propulsaban una disparatada suba de las cuotas que deben pagar los afiliados, y así consiguió calmar un reclamo cada vez más enérgico de parte de la clase media, especialmente, el martes que viene deberá lidiar con un momento poco agradable con la marcha que se avecina: genuina y sin estructuras ni grandes aparatos políticos que la estén azuzando.
La manifestación se producirá una semana antes de otra movilización, que también promete ser masiva, el próximo 1° de mayo, convocada y fogoneada -esta sí- por el sindicalismo, con la Confederación General del Trabajo (CGT) a la cabeza, en la antesala del paro nacional anunciado para el jueves 9 del mes que viene. En el Gobierno, de todos modos, mantienen la esperanza de poder desactivar la huelga general, mientras en filas del movimiento obrero algunos dirigentes insisten en la necesidad de analizar el escenario «con más criterio estratégico y no con tanto músculo, pensando en una disputa a largo plazo», como se escuchó comentar a un secretario general de un gremio de docentes en la última reunión del Consejo Directivo Nacional de la CGT.
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«El sindicalismo hoy no tiene un rumbo establecido, porque a pesar del ajuste no existe por el momento un clima de descontento social palpable. Entonces, el sindicalismo hoy está mirando encuestas, viendo cómo suben o bajan los niveles de apoyo a Milei», dijo a Noticias Argentinas una fuente cercana a la central obrera. «La CGT no se puede poner hoy al frente del reclamo social, porque ese reclamo social no está. Hoy la gente dice, ‘Yo me banco el ajuste porque no quiero que vuelva el peronismo’. Eso es lo que está sucediendo», agregó.
La misma fuente indicó que en filas gremialistas admiten que «se viene una reforma laboral» en la Argentina. Y a propósito, está previsto que se incluya un capítulo en tal sentido en el nuevo borrador de la Ley de Bases bis que la Casa Rosada enviaría al Congreso el próximo lunes, luego de conversaciones de última hora con legisladores de la oposición dialoguista para ajustar detalles y demás «letras chicas» en la propuesta libertaria.
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Dirigentes radicales, del macrismo y de Hacemos Coalición Federal se reunieron con funcionarios del Gobierno después de que en Balcarce 50 introdujeran modificaciones al texto, incluso en asuntos que, según aseguran en pasillos del Congreso, ya estaban acordados. Por ejemplo, instrumentar un «premio al buen contribuyente», tanto para personas físicas como jurídicas en el paquete fiscal. «El oficialismo primero dijo que sí y luego decidieron quitarlo del proyecto», indicó a esta agencia una fuente parlamentaria. También con el proceso de disolución de los Fondos Fiduciarios estatales existían discrepancias, al igual que con los plazos para actualizar el piso del impuesto a las Ganancias: el Gobierno plantea que se ajuste anualmente y la oposición dialoguista, cada tres meses.
Se espera que la remozada Ley Ómnibus II sea tratada hacia fines de este mes en la cámara de Diputados, algunos días después de lo que estaba previsto: «Las demoras tienen más que ver con las internas de ellos que con otra cosa. Eso es algo ajeno a la predisposición de la oposición dialoguista», indicó la fuente consultada por NA. «Todo este proceso ya generó incluso cierto hartazgo -en el ámbito legislativo-. Entonces lo que muchos comentan es, ‘Bueno, que tengan su ley, que tengan su plan y que se pongan a gestionar de una vez’. Porque lo que se sigue viendo es bastante inoperancia por parte del Poder Ejecutivo», acotó.
Esta discusión crucial para el Gobierno se producirá en un contexto que encuentra a Milei aún intentando motorizar su primera resolución estratégica en el Parlamento en casi cinco meses de mandato. En ese lapso, propugnó un ajuste fenomenal que combinó su tan mentado plan «motosierra» con un marcado proceso de empobrecimiento de la sociedad, con motivo de una inflación que carcomió el poder adquisitivo del salario.
Según un estudio de la Universidad Torcuato Di Tella, en el primer trimestre de 2024 unas 3,2 millones de personas cayeron en la pobreza, situación en la que se encontraría actualmente el 51,8 por ciento de la población argentina. «Lo que nosotros notamos es que la gente está comiendo peor, en todos los estratos sociales: se pasó de primeras marcas a segundas y de segundas marcas a terceras», dijo a Noticias Argentinas una fuente del conurbano bonaerense profundo. «Y la cantidad de chicos en comedores comunitarios subió, pero el Gobierno nacional dejó de entregar alimentos. Desde enero que no entrega alimentos, en el formato que sea. A nosotros no nos preocupa en qué formato los entregue, lo que sí necesitamos es que los entregue», añadió. «La situación está realmente complicada», subrayó.
Por último, y en este contexto, en la zona norte del Gran Buenos Aires se preparan para un aumento de la inseguridad: «Cuando la situación económica es desfavorable, suben los índices delictivos. Eso ya sabemos que es así», planteó una fuente cercana a un intendente de esa región. «Lo que esperamos es al menos igualar este año los índices de 2023. Si eso sucede, sería un éxito para nosotros», completó en diálogo con esta agencia.