El ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, consideró hoy que el intento de assinato contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner “tuvo evidentes vinculaciones políticas” y analizó que “lo más grave del caso es lo que no se está juzgando”.
Ayer comenzó en los tribunales de Comodoro Py el juicio oral para determinar las responsabilidades del ataque contra la exmandataria cometido el 1° de septiembre de 2022 en la puerta de su domicilio de Recoleta.
En declaraciones a radio Provincia AM1.270, el funcionario afirmó que en el juicio contra los autores materiales del intento de magnicidio “se está juzgando lo obvio” y destacó que “lo más grave del caso es lo que no se investigó y no se está juzgando”.
Describió que Sabag Montiel “es un psicópata criminal, que ayer ratificó su intención de matar” y analizó que “hizo un esfuerzo por mejorar la situación de algunos compañeros de causa”.
El ministro rememoró que “un testigo oyó decir a Gerardo Milman, mano derecha de Bullrich, dos días antes del atentado: ‘Cuando la maten voy a estar camino a la Costa'» y cuestionó que no se haya investigado la declaración de la secretaria ese funcionario, quien “dijo que fue citada a la sede de la fundación de Patricia Bullrich, donde un experto en informática borró durante más de 4 horas los teléfonos de ella, su compañera y el propio Milman”.
Seguido, advirtió que ese informático “fue designado esta semana director de Tecnología de Información del ministerio de Seguridad de la Nación”, lo que demuestra “la gravedad de lo que estamos asistiendo respecto de encubrimientos y protección”.
Mena dijo que el hecho de que jueces y fiscales lleven adelante una investigación de esta manera “es porque se sienten bien protegidos respecto de que no van a tener ninguna consecuencia” por esas omisiones.
Por otra parte, cuestionó el accionar de la jueza María Eugenia Capuchetti por mantener “el caso separado de las investigaciones sobre el rol de estas pseudo agrupaciones como Revolución Federal y Nueva Centro Derecha, en una costumbre histórica de un sector de Comodoro Py de partir las causas en pedacitos para no hacer el análisis completo de la situación”.
En ese marco, consideró que la actuación de la jueza “es escandalosa e irregular”, indicó que como abogado penalista nunca vio “que tres veces se tuvo que corregir la prueba, como sucedió con los teléfonos del diputado del PRO, pese a que el juez Marcelo Martínez de Giorgi le tuvo que decir 3 veces que no puede rechazar la prueba que pide la víctima”.
“Capuchetti es parte de lo que se está protegiendo”, advirtió y dijo que “sin especular más sobre el contenido de esos teléfonos, de mínima están encubriendo un magnicidio”.
Luego de señalar que el macrismo “tomó por asalto el Consejo de la Magistratura”, argumentó que “Capuchetti hace lo que hace porque sabe que no hay quién revise sus tareas, ya que es inadmisible que sea jueza”.
Existen “mantos de cobertura y blindaje que son complejos y amplios por partes de estamentos judiciales y sectores poderosos de medios de comunicación”, completó.
Para Mena, por ese motivo “se permitió que, al otro día del atentado se destruyera el celular de Sabag Montiel estando en manos del Juzgado Federal 5 a cargo de Capuchetti. El sobre con el celular llegó abierto a la PSA, por lo que dentro del propio juzgado violaron la cadena de custodia”.
“Esas fueron las primeras 24 horas de investigación de un atentado de magnicidio. En un país más o menos normal sería un escándalo y rodarían cabezas”, evaluó y añadió: “Otro de los capítulos inexplicable de esta investigación es el vínculo de la familia Caputo con los integrantes de Revolución Federal”.
Recordó que, pese a que no se investigó, “está comprobado que Jonathan Morel, el líder de Revolución Federal, recibió decenas de millones de pesos de Caputo Hermanos, por trabajos de carpintería cuando no ejercía la profesión” y apuntó que “el último depósito que recibió Morel fue dos días antes del atentado”.
En tanto, destacó que “las vinculaciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el expresidente Mauricio Macri y este gobierno (con el caso) son evidentes, están confesas y probadas pero hace falta darle una explicación a todo esto, y lo tiene que hacer la justicia Argentina”.
Sostuvo que “hay denuncias internacionales con todo esto y los abogados de Cristina van a seguir insistiendo en estas instancias: hay denuncias en la Relatoría Especial de la ONU y en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas” y manifestó que “llegó al Consejo de la Magistratura una consulta del Comité y el Relator respecto de la situación de independencia judicial y la imparcialidad de la justicia frente a los poderes económicos en Argentina, fruto de todo lo que venimos denunciando”.
El abogado mencionó que la otra línea de investigación por la que “jamás avanzaron” es el de la vecina de Cristina Fernández, Ximena de Tezanos Pinto, quien “hacía ingresar a su departamento a personas de Revolución Federal y están siendo investigadas”.
Por último, evaluó que “todas las situaciones tienen que ser explicadas” porque “la prueba que hay es altamente sospechosa de que acá falta muchísimo por investigar”.