El Gobierno nacional oficializó hoy el decreto 90, con el que se pretende alcanzar “burocracia cero”, al instar a las distintas áreas públicas a realizar en el lapso de 30 días un relevamiento de todas las normativas “obsoletas” que impidan la libre competencia.
De ese modo, cada ministerio deberá presentar dentro de un mes un listado las leyes y decretos que requieran derogación por resultar «obsoletas, innecesarias o que encuadren dentro de los criterios establecidos”, se indica en la medida.
Se busca así “lograr una gestión más eficiente de los recursos públicos y permitir que el Estado Nacional se enfoque en normativas relevantes y prioritarias, y brinde respuestas más rápidas y transparentes a los ciudadanos”.
En declaraciones radiales, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger había adelantado: “Nos quedan 144 días de las facultades delegadas que nos dio el Congreso. La Ley Bases del Congreso nos dio una amplia facultad delegada, que tenía básicamente la posibilidad de cambiar regulaciones y trámites y cosas que considerábamos obsoletas, y también hacer una reorganización del Estado importante”.
“Tenemos que acelerar y asegurarnos que dentro de este plazo que nos dio el Congreso, hayamos revisado todo lo que de alguna manera podamos modificar usando esas facultades”, apuntó.
En ese sentido, completó: “De ahí viene el sentido de la urgencia de pedirle a todos los ministerios que revisen toda su normativa legal, los DNU que los afectan a su sector en particular, los decretos delegados y los decretos también en su conjunto, como para tener un mapa rápidamente y de ahí poder evaluar qué cosas podríamos hacer en los próximos días”.
“La Argentina tiene 27.000 leyes. Hay unas 4.600 que en principio serían las vigentes, que dan una cosa llamada el digesto jurídico. Después Argentina tiene 70.000 decretos”, detalló Sturzenegger.
El funcionario detalló: “Ahí estuvimos trabajando en los últimos meses para de alguna manera limpiar esa base de datos y quedarnos con lo que nosotros llamaríamos los decretos vivos, los que son relevantes desde un punto de vista de la organización económica. Son más o menos unos 4200, así que ese es como un segundo universo”.
Luego, sostuvo: “Después tenemos otra cosa que obviamente la venimos abordando y que, por ejemplo, lo que hablamos de frutas es parte de eso, que son 200.000 resoluciones y que muchas veces hace muy difícil la producción. Es el famoso costo argentino”.
