Para Garavano recuperar los bienes de la corrupción «no debería superar el año»

El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró hoy que el decreto por el cual entra en vigor el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio “es una herramienta novedosa para que los jueces civiles puedan recuperar mucho más rápido los bienes” provenientes de hechos ilícitos, y estimó que “los plazos (para ese trámite) no deberían superar el año”.
Garavano hizo referencia así al decreto anunciado por el presidente Mauricio Macri, y publicado hoy en el Boletín Oficial, por el cual entra en vigor el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio y que crea «una Procuraduría» con facultades de investigar delitos contra el patrimonio público, narcotráfico y crimen organizado.
«Fue un tema que se discutió mucho en el Parlamento y nunca se logró avanzar. Era una de las prioridades del Gobierno en la lucha contra las mafias, la trata y el delito”, afirmó el ministro.
Consideró también que se trata de “una herramienta novedosa para que los jueces civiles puedan recuperar mucho más rápido los bienes (producto de delitos); hoy sucede que tardan más cinco años, y hasta 20 años. Los plazos para recuperar los bienes no deberían superar el año”.
En diálogo con radio Mitre, el ministro precisó que “el otro objetivo es además cortar rápidamente el flujo de dinero, y más allá de las personas involucradas”.
“Estos bienes pueden volver a la gente que más lo necesita a través del Estado; los valores superan los 100 mil millones de pesos, y ya están embargados, una cifra muy significativa”, precisó Garavano.
En torno de la firma del decreto de necesidad y urgencia, el ministro de Justicia dijo que el Gobierno sentía que “al menos no había voluntad política para avanzar (en el Congreso), y por eso se tomó la decisión».
«Primero se logró consensuar en Diputados el proyecto que iba por la vía civil y, dos años después, el Senado lo modifica, pero saca la vía civil y vuelve a la penal, a los jueces de Comodoro Py, y veíamos que Diputados no tenia consensos para avanzar”, recordó el funcionario.
Consultado sobre las críticas que calificaron de “inconstitucional” la medida, Garavano sostuvo que se trata de “un tema novedoso, y el enfoque al DNU que ha dado el Gobierno también lo es. Las objeciones son tres: la primera es si es materia civil o penal, el enfoque es que es novedoso, porque el enfoque es civil”.
Reseñó que la segunda crítica apunta a por qué “lo de necesidad y urgencia, y es porque dejaba de tener estado parlamentario, y no había voluntad de tratarlo”; y el tercero, en tanto, “es el derecho de propiedad, y acá se van a tomar muchas garantías, previo a la comisión del delito, por ejemplo. Además hay una sentencia judicial que va a tener que estar firme para poder desapoderar a una persona».
“Creemos que se trata de un instrumento válido y ojalá se abra el debate en la Bicameral y ratifique un instrumento parecido”, aseguró Garavano.
Finalmente, para el ministro de Justicia, la iniciativa apunta a “los entramados de testaferros y sociedades que se utilizan en estos casos, donde van escondiendo el dinero y poniéndolo en cabeza de otras personas como empleados, secretarios”, y puso como ejemplo el caso del fallecido Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner, acusado de enriquecimiento ilícito por unos 70 millones de dólares.