Personal policial allanó esta tarde el Astillero Río Santiago (ARS) ubicado en el distrito de Ensenada, en medio de una situación de conflicto por salarios entre el Gobierno y los trabajadores. El operativo se realizó por orden del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.
Tras los feroces enfrentamientos del pasado 21 de agosto entre la Policía y los trabajadores en una protesta, el conflicto del Astillero sumó hoy un nuevo capítulo cuando se concretó un allanamiento en la empresa del Estado provincial.
El procedimiento se llevó a cabo en el marco de la denuncia de «administración fraudulenta» por «actos irregulares» y «gravísimas maniobras» presentada por el presidente del Astillero, Daniel Capdevila. La misma hace referencia al periodo 2014-2015, cuando la firma estaba a cargo de Héctor Scavuzzo, aunque no se lo menciona en la acusación.
El allanamiento, que se realizó tras una asamblea de trabadores (según pudo averiguar DIB), estuvo encabezado por Condomí Alcorta, Capdevila y el gerente de Recursos Humanos, Enrique Menéndez.
En una charla con los empleados, el fiscal habría aclarado que la causa no es contra la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), como viene circulado, sino que se investiga la administración del ARS entre 2014-2015. Según señaló el sindicato, en el operativo se incautaron «órdenes de pago, pago de documentación y legajos contables administrativos».
A través de un comunicado, el gremio señaló «que siempre habrá buena predisposición con la Justicia» y se puso a disposición del Ministerio Público Fiscal «en lo que requiera».