Piden prisión preventiva para tres imputados por la millonaria estafa en Educación bonaerense

El fiscal platense Juan Cruz Condomí Alcorta pidió que se conviertan en prisión preventiva las detenciones de tres de los cinco imputados por haber cometido una millonaria malversación de caudales públicos con fondos de tarjetas de débito para cargas combustibles de los autos de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.
Fuentes judiciales preciaron que el fiscal solicitó las detenciones del playero de la estación de 31 y 44 Walter Cejas, y de los funcionarios de Educación Gustavo Chiramberro y Diego Burgos; y revelaron que «entre hoy y mañana» la jueza de garantías Marcela Garmendia deberá resolver.
Los tres están acusados de haber cometido una malversación de fondos públicos por unos 25 millones de pesos con tarjetas débito Bapro Copres, que utilizan los organismos públicos para cargar combustible en vehículos oficiales, en connivencia con funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE).
En el pedido de preventiva, Condomí Alcorta estableció que quedó acreditado «que hasta el 24 de abril de 2019, un sujeto de sexo masculino mayor de edad, coactuando al efecto con al menos cuatro funcionarios de la DGCyE, utilizaron en propio beneficio y en reiteradas oportunidades varias tarjetas de débito del Banco Provincia, que eran recargadas periódicamente con fondos del erario provincial destinados a un fin específico, haciendo falsas compras de combustible pero extrayendo dinero a cambio, esto en propio beneficio de los partícipes de esta maniobra».
«Así perjudicaron en forma reiterada el Patrimonio del Erario Público Provincial enriqueciéndose con dichos montos desviados en favor de sus propios patrimonios», añadió.
Para el fiscal «la Dirección de Servicios Generales de Eduación era la encargada de administrar las tarjetas, siendo su director unos de los imputados y su subdirector el otro, mientras que los dos restantes resultan ser responsables uno como Jefe de Movilidad -Burgos- y el restante -Chiramberro- el responsable de la rendición de cuentas de dichas tarjetas».
Agregó el fiscal que «la continuidad en el tiempo, y la magnitud del monto dinerario hasta el momento acreditado, hacen entender que los hechos investigados fueron practicados en reiteradas ocasiones, en forma organizada y planeada, con distribución de roles, teniendo en cuenta que Cejas era el encargado de la extracción del dinero en el punto de expendio».
Luego analizó que la cantidad de tarjetas utilizadas (unas 600) «eran aportadas en conjunto por los miembros que las administraban en el organismo estatal y que era responsables directos del control y rendición de cuentas de los montos no sólo asignados a combustibles a través de las tarjetas incautadas en poder de Cejas, sino de muchas otras».
«También ‘administraban’ en forma totalmente discrecional los gastos acreditados a ellos través de tarjetas nominales o personales supuestamente asignadas para otras gastos que no sean combustible», resaltó Condomi y apuntó que las tarjetas incautadas a Cejas, estaban asignadas por los funcionarios públicos «a diferentes vehículos oficiales, los cuales en su gran mayoría no funcionaban o ya no pertenecían a la DGCyE».
El fiscal encuadró el caso como «asociación ilícita y malversación de caudales públicos múltiples hechos en concurso real entre sí».