El abogado defensor de uno de los jóvenes atropellados el 1° de enero pasado por Juan Ignacio Buzali, el esposo de la diputada Carolina Píparo, solicitó ante la justicia platense la revocatoria del beneficio de la prisión domiciliaria para el conductor del auto luego de que otro de los damnificados en aquel episodio denunciara que intentaron sobornarlo.
Es que en las últimas horas, I.C., uno de los jóvenes atropellados por Buzali, revocó el poder a sus abogados para que lo patrocinen, y denunció que perdió la «confianza» en ellos porque lo llevaron a un «encuentro clandestino» con Píparo en una casa quinta.
El joven expuso, que en esa reunión, que sucedió una semana antes de que la Cámara resuelva que Buzali acceda al arresto domiciliario, la legisladora le entregó 2.000 pesos, un celular y unas zapatillas.
Al tomar conocimiento de esa situación, el abogado Martín de Vargas, a cargo de la defensa de Luis Lavalle, otro de las víctimas del choque de enero, pidió anoche al a justicia el cese de la domiciliaria para el marido de Píparo.
La solicitud, a la que tuvo acceso Télam, fue formulada ante la titular del Juzgado de Garantías N° 5, Marcela Garmendia, y señala que existen «peligros procesales» dado que «Buzali tiene poder político y económico para entorpecer la investigación».
De Vargas planteó que él mismo «en reiteradas oportunidades advirtió de la existencia de peligros procesales, dadas las características personales del imputado por ser el marido de Píparo, siendo su mujer una persona con poder económico y político».
El letrado planteó en su escrito que «es evidente el descaro e impunidad con que se maneja Carolina Piparo, llamando a la víctima de autos, es decir el menor al que su marido Buzali intentó matar a un encuentro clandestino con la clara intención de influir en el testigo».
«Es evidente que el ilícito o al menos inmoral y antiético obrar de Píparo, tratando de influenciar testigos es en nombre y representación de su marido Buzali quien se beneficiaría de ello», destacó.
Luego, planteó que «si Buzali por intermedio de Piparo se atreve a convocar a una reunión clandestina a la propia víctima regalándole bienes y dinero, esta defensa no puede ni siquiera imaginar los testigos que puede influenciar para que cambien su testimonio mediante el pago de dinero o la entrega de bienes».
Así, De Vargas solicitó revocar el arresto domiciliario de Buzali y que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte de Piparo.
Buzali está detenido desde el 9 de enero, luego de que la fiscal de La Plata María Eugenia Di Lorenzo le imputara el delito de «homicidio en grado de tentativa» en perjuicio de los motociclistas Iván Coronel y Luis Levalle.
En declaraciones a Télam, De Vargas explicó hoy que «esto es lo que yo venía denunciando cuando me oponía a las excarcelaciones ordinarias y extraordinarias y al arresto domiciliario: Píparo tiene poder político y dinero para influenciar testigos y ocultar pruebas».
«Al intentar captar a la víctima, quieren que cambie su declaración», indicó y analizó que «la reunión no fue en el marco de una mediación judicial sino clandestina».
El hecho por el que está detenido Buzali ocurrió la madrugada del 1 de enero de 2021 cuando su esposa denunció que fue asaltada por tres parejas de «motochorros» en la calle 47, entre 15 y 16, en momentos en que su marido estacionó para dejar a su padre en su casa.
Según la legisladora, cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia a bordo de su Fiat 500L negro con techo blanco, volvieron a ser interceptados por motociclistas y creyeron que eran los mismos que los habían asaltado.
En la calle 21 y 40, Buzali chocó por detrás a una de las motos en la que viajaban dos jóvenes a los que dejó tirados en el piso pese a las lesiones que habían sufrido.
Buzali y su esposa continuaron con la fuga y comenzaron a ser perseguidos por otros jóvenes en moto, hasta que finalmente detuvieron su marcha frente a varios móviles que participaban de un control de tránsito.
