El bloque del PRO en la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para que las personas que hayan sido condenados en segunda instancia, aunque la sentencia no se encuentre firme y la pena fuere de cumplimiento en suspenso, no puedan ejercer cargos públicos.
La iniciativa, de la legisladora Rita Sallaberry y acompañada por sus compañeros de bancada Martín Endere, Gustavo Coria y Paula Bustos, se suma a la que hace un tiempo había presentado la Coalición Cívica.
La propuesta busca incorporar el inciso c del artículo 30 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, para inhabilitar las candidaturas de quienes hayan sido condenados en segunda instancia por delitos tales como fraude en perjuicio de la Administración Pública, cohecho y tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito de funcionarios.
La inhabilitación se «aplicará únicamente en los casos en que la condena impuesta hubiera sido confirmada en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral».