El Procurador General de la Corte bonaerense, Julio Conte Grand, pidió a la Justicia que investigue los dichos del presidente del máximo tribunal provincial, Eduardo De Lázzari, quien había advertido sobre situaciones irregulares en Comodoro Py y sostuvo que esa situación podía repetirse en la provincia.
En medio de la polémica suscitada por los dichos de De Lázzari, que fueron tomados por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su embate contra Comodoro Py, Conte Grand solicitó que se remita una copia de las declaraciones del juez a la Secretaría de Política Criminal de la Procuración, con el fin de dar intervención al fiscal general del departamento judicial de La Plata, Héctor Vogliolo.
De este modo, Conte Grand judicializará las declaraciones de De Lázzari, de modo de obligarlo a que aclare, como le pidió hoy la gobernadora María Eugenia Vidal, si conoce casos concretos y los denuncie ante la Justicia.
Por otro lado, Conte Grand remitirá las declaraciones del titular de la Corte a la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de la Procuración, con el objetivo de forzar a los fiscales que apoyaron sus dichos acaren si «tienen conocimiento de la existencia de causas armadas o abuso de arrepentidos».
La polémica se inició cuando el presidente de la Corte bonaerense, al disertar en las V Jornadas de actualización de la red de jueces penales bonaerenses, cargara duro con la Justicia Federal, en particular con los jueces de Comodoro Py, al advertir sobre «causas armadas», «abuso de arrepentidos» y la intervención de espías en «complicidad» de jueces y fiscales.
En lo que se leyó como una clara referencia a las causas más políticas que se tramitan en los tribunales de Comodoro Py, que tienen como principales apuntados a exfuncionarios kirchneristas, enumeró los «abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable».
En ese marco, De Lázzari sostuvo que en esas causas, algunas de las cuales aseguró que fueron «armadas artificialmente», actuaron «influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público».
Los dichos de De Lázzari fueron tomados por Cristina quien enfrenta 11 procesamientos en ese fuero, con seis pedidos de prisión. La exmandataria utilizó un video publicado y escribió en sus redes: «Por favor, escuchalo atentamente. El que habla no es un político. No es oficialista. Tampoco es opositor. Es el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Imperdibles 2 minutos 56 segundos para entender lo que pasa en el Poder Judicial de tu país».
Como respuesta, este lunes la gobernadora María Eugenia Vidal le pidió a De Lázzari que «si sabe que hay causas armadas las tiene que denunciar».
«Cuando uno es responsable de un poder, y voy a poner mi ejemplo, si yo sé que hay un delito, y la persecución y el armado de causas lo son, yo estoy obligada a denunciarlos, no soy una comentarista de la realidad», respondió Vidal.
Por su parte, De Lázzari buscó bajarle el tono a sus declaraciones, al señalar que sus dichos fueron tomados «ligeramente». En ese marco, indicó que sus expresiones fueron vertidas en una reunión con más de 100 jueces, ante quienes «alertó a los magistrados presentes en torno a lo que denominó abuso del proceso penal».
«Con esa finalidad, advirtió que comenzaban a registrarse situaciones conflictivas en el ámbito provincial, a semejanza de lo que públicamente es conocido en la órbita federal, en donde se está sustanciando una trascendente causa ante el Juzgado Federal de Dolores», conocido como el D´Alessio-gate.
En tanto, indicó que en su momento «no particularizó los casos registrados en sede provincial por la reserva que impone el estado de las respectivas actuaciones», pero «ante expresiones que ligeramente califican» su actitud, mencionó el caso del fiscal de Mercedes, Juan Bidone, envuelto en la causa de las escuchas de Dolores, y otro caso de un fiscal de Lomas de Zamora, de los que dijo que «inmediatamente de recibidas (las denuncias) fueron puestas en conocimiento del destinatario natural de las mismas que es el Ministerio Público, mediante oficio dirigido a la Procuración General» a cargo de Julio Conte Grand.