El Gobierno nacional prorrogó la operación del Complejo Hidroeléctrico Futaleufú y dispuso que la actual concesionaria, Hidroeléctrica Futaleufú S.A., continúe a cargo de las instalaciones hasta el 15 de diciembre de 2026 o hasta que concluya el proceso de licitación pública nacional e internacional para adjudicar una nueva concesión, lo que ocurra primero.
La decisión fue oficializada mediante la Resolución 130/2026 de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, publicada este martes en el Boletín Oficial. La medida establece que la empresa deberá presentar una carta de adhesión dentro de los siete días corridos posteriores a la entrada en vigencia de la norma para acceder a la continuidad operativa.
En paralelo, la resolución dispone que ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C. deberá manifestar expresamente su conformidad para continuar bajo las condiciones fijadas en el Acta Acuerdo suscripta el 15 de junio de 1994, que reguló el suministro eléctrico destinado a su complejo industrial en el marco de la privatización de la central hidroeléctrica. La empresa tendrá cinco días para formalizar esa aceptación.
La norma se enmarca en el proceso de transición iniciado tras el vencimiento de la concesión y en la decisión oficial de volver a licitar el aprovechamiento hidroeléctrico mediante un proceso competitivo nacional e internacional. Según explicó la cartera energética, la central constituye un activo estratégico para el sistema eléctrico argentino y resulta necesario garantizar su funcionamiento sin interrupciones mientras se desarrolla el nuevo esquema concesionario.
Entre las condiciones impuestas a la concesionaria figura la obligación de mantener todas las responsabilidades previstas en el contrato vigente, actualizar una garantía de cumplimiento por un monto no inferior a u$s1,5 millones, presentar inventarios trimestrales de los bienes afectados a la concesión y permitir visitas de potenciales interesados en la futura licitación.
Además, la Subsecretaría de Energía Eléctrica continuará actuando como veedora del proceso de transición, mientras que la provincia de Chubut fue invitada a designar un representante para colaborar en las tareas de seguimiento y control.
La resolución también contempla que, aun si la empresa no adhiere a la extensión propuesta, deberá continuar generando energía por un plazo mínimo de 90 días para garantizar la continuidad del servicio mientras el Estado adopta las medidas necesarias para asegurar la operación del complejo.