El Gobierno bonaerense reglamentó hoy la ley que estableció el régimen de obligatoriedad de presentación de las declaraciones patrimoniales de funcionarios, legisladores y agentes de alto rango de la administración bonaerense.
La Ley 15.000, aprobada el año pasado por la Legislatura bonaerense, complementó el decreto firmado por la gobernadora en 2016, al incorporar a la lista de sujetos obligados a presentar sus declaraciones juradas a legisladores y candidatos a cargos electivos.
La reglamentación dispone que sea el Ministerio de Justicia el encargado de garantizar el cumplimiento de la ley, mientras que precisa que los candidatos obligados a presentar su declaración patrimonial son los postulantes a gobernador, vicegobernador, diputados y senadores.
Por otro lado, la normativa publicada hoy precisa algunos de los conceptos desarrollados en la ley, establece plazos para la presentación y dispone que el ciclo anual declarado cierre el último día hábil de agosto, teniendo el Gobierno 60 días para publicitar la información.