El gobierno nacional modificó la Ley de Ministerios mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 58/2025) que introduce cambios en la estructura del gabinete presidencial y en las funciones de algunas dependencias clave. La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial, redefine el organigrama estatal con el argumento de optimizar la gestión y reforzar la lucha contra el crimen organizado.
Uno de los cambios más relevantes es la redefinición del Ministerio de Seguridad, que pasa a llamarse Ministerio de Seguridad Nacional.
Según el decreto, esta modificación responde a un «cambio de paradigma» en la concepción de la seguridad, poniendo el foco en la prevención del delito y la protección de la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos.
Además, se le asignan nuevas competencias, incluyendo la supervisión de las fuerzas de seguridad en el Mercosur y la planificación de políticas criminales en coordinación con el Ministerio de Justicia.
Otro punto destacado de la reforma es la supresión de la Secretaría de Prensa de la Presidencia, en lo que el gobierno considera una medida para «optimizar la gestión». En su lugar, la Secretaría de Comunicación y Medios absorberá sus funciones y pasará a tener rango de ministerio.
Con la nueva estructura, el gabinete presidencial queda compuesto por ocho ministerios: Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Justicia; Seguridad Nacional; Salud; Capital Humano; y Desregulación y Transformación del Estado. También se ratifica la permanencia del jefe de Gabinete de Ministros como coordinador del equipo de gobierno.
El decreto establece que el Presidente de la Nación tendrá la facultad de modificar, transferir o suprimir Secretarías y organismos dependientes de la Presidencia, lo que otorga mayor flexibilidad al Poder Ejecutivo en la reconfiguración del Estado. Entre las Secretarías que se mantienen bajo su órbita figuran la General, Legal y Técnica, de Planeamiento Estratégico Normativo, de Inteligencia de Estado, de Comunicación y Medios y de Cultura.
El DNU también refuerza la vinculación entre el Ministerio de Seguridad Nacional y el de Justicia en la elaboración de políticas criminales, así como en la coordinación con las Fuerzas Armadas y de Seguridad. En ese sentido, se subraya la necesidad de una «planificación conjunta» para garantizar la efectividad en la prevención del delito y el combate contra el narcotráfico, la trata de personas y otros delitos federales.
