Solicitaron la destitución del fiscal Scapolán, investigado como jefe de asociación ilícita

La procuración bonaerense pidió hoy a un tribunal de enjuiciamiento la destitución del fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, quien está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita integrada por policías y abogados que robaba cargamentos de droga secuestrada a narcotraficantes para luego venderla.
El fiscal general de Pergamino, Mario Daniel Gómez, en representación de la procuración, consideró esta tarde que Scapolán cometió «un sinfín de hechos de suma gravedad», durante un alegato que se llevó a cabo en el anexo del Senado bonaerense, ubicado en el edificio situado en las calles 7 y 49 de La Plata.
«Se acreditó que el fiscal Scapolán intervenía en procesos federales cuando no le correspondía hacerlo, intervenía en procesos de jurisdicción ajena a su competencia siempre con el mismo modus operandis, denominado rulo, que se anularon los procedimientos, entre un sinfín de hechos de suma gravedad». sostuvo Gómez.
El acusador sostuvo que «los delitos e irregularidades» son «suficientes para pedir la destitución» de Scapolán y pidió luchar contra el narcotráfico para evitar «la mutación del Estado de Derecho a un Estado de violencia».
«El hecho es grave, el delito es grave y las consecuencias aún más graves», consideró Gómez, quien entendió que Scapolán es culpable «por acción u omisión».
«El fiscal es el director del procedimiento dentro del sistema acusatorio y los policías y demás funcionarios actúan bajo sus órdenes», explicó y seguidamente señaló que Scapolán fue «una pieza fundamental» en los delitos e irregularidades cometidos en el operativo «Leones Blancos», una de las causas en las que intervino.
Y en ese sentido, agregó: «¿Qué le cabe a la sociedad si quienes tienen la obligación de velar por el cumplimiento de la ley y de perseguir el delito son los que lo cometen? No solo eso, lo planifican, lo organizan y lo ejecutan.»
También mencionó que dos personas vinculados a los hechos murieron durante la pesquisa, como el financista asesinado Daniel Guastini, y un policía arrepentido de apellido Caviglia.
A su vez, Gómez repasó pruebas de los distintos casos y testimonios y en más de una ocasión se preguntó por qué un fiscal del fuero ordinario intervenía en casos de competencia federal como el narcotráfico.
Para el acusador «es falaz» que las irregularidades en los procedimientos se debieron a una supuesta falsa de personal y que las mismas fueron de «tal magnitud» que, incluso, derivó en la nulidad de muchos de ellos.
Según Gómez, hubo «una operatoria totalmente irregular» por parte de Scapolán y sostuvo que se cometieron «aprietes, extorsiones, amenazas, robo y tráfico de estupefacientes» en los procedimientos en los que el fiscal intervenía.
«La falta de control era la norma en los procedimientos», dijo Gómez y calificó el desempeño de Scapolán como «incompetente y negligente. Merece ser destituido y así lo solicito».
Tras un cuarto intermedio fue el turno del alegato de la defensa, que fue encabezada por el propio Scapolán, quien en varias oportunidades desligó responsabilidades en el «personal policial» interviniente en los procedimientos cuestionados.
«Irregularidades hay todo el tiempo. La Policía comete irregularidades y cuando lo hace nosotros tomamos las medidas correspondientes». explicó.
También justificó su intervención y no la de la justicia federal en los casos por los que fue acusado, porque en el caso de «Leones Blancos» el parte informativo hablaba de «llevar droga» y eso podía interpretarse como un «delivery», un delito que sí investiga el fuero ordinario.
«Este es el momento de las certezas, el jurado debe basarse en lo que está debidamente probado. Pero la verdad es que la acusación se basa en meras suposiciones. Ninguna certeza», sostuvo.
Y concluyó: «Nada de lo producido permite sostener, con el grado de certeza que este mismo jurado ha sostenido debía probarse en la audiencia, los hechos materia de acusación.»
Por último, su abogado Luciano Locatelli remarcó que «no hay hechos probados» por los acusadores, por lo que no corresponde que destituyan a su defendido.
Scapolán fue suspendido de sus funciones el 22 de diciembre pasado por el Jurado de Enjuiciamiento por nueve votos contra uno, a partir de la acusación hecha por el Procurador de la Corte Bonaerense Julio Conte Grand, y se dispuso un embargo del 40 por ciento de su sueldo.
El jurado está presidido por la presidenta de la Cámara Primera en lo Civil y Comercial de La Plata, Ana María Bourimborde, ya que los jueces de la Suprema Corte y de Casación se excusaron por haber intervenido en alguna etapa del proceso.
Además, lo integran los conjueces legisladores Senador Juan Pablo Allan (Juntos), Diputado Daniel Andrés Lipovetzky (Juntos), Diputado Walter Carusso (Espacio Abierto Juntos), Senadora Sofía Vanneli (Frente Renovador -Todos) y Diputada María Eugenia Brizzi (Juntos) y los conjueces abogados Carlos Fernando Valdez, Héctor Benito Mendoza Peña, Carlos Garavaglia, José Manuel Del Cerro y Juan Emilio Spinelli.
La primera denuncia contra el fiscal fue realizada en 2016 por la exdiputada Elisa Carrió y, posteriormente, por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.
Scapolán está acusado de diez delitos: jefe de una asociación ilícita, instigador de falso testimonio agravado, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Para la jueza la banda presuntamente liderada por el fiscal e integrada por varios policías bonaerenses y abogados actuaba «con el objetivo de sustraer material estupefaciente, coaccionar personas para obtener un provecho económico, permitir la sustracción de pertenencias de personas allanadas, e inventar y/o plantar pruebas de cargo».
Según la investigación, a la organización se le atribuye el robo de al menos 555 kilos de cocaína, 33.000 dólares y 386.000 pesos mediante extorsiones a narcos entre 2013 y 2015.
Por esos delitos, un total de 32 personas -policías de las Departamentales de Investigación del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Isidro y Quilmes, abogados de la matrícula que habrían facilitado los mecanismos extorsivos y falsos testigos- fueron procesadas y serán llevadas a juicio oral ante los Tribunales Federales de San Martín, pero Scapolán quedó afuera del proceso hasta ser destituido.