La diputada nacional del partido GEN Margarita Stolbizer opinó hoy que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 70/2023 firmado la semana pasada por el presidente Javier Milei «tiene vicios de inconstitucionalidad», por lo que espera que si no lo rechaza el Congreso Nacional -cuando comience a analizarlo-, lo haga la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
«El DNU 70 tiene vicios de inconstitucionalidad porque no hay necesidad (en los temas) ni urgencia (el Congreso puede sesionar desde hoy en extraordinarias)», consideró Stolbizer en un mensaje publicado en su cuenta personal de la red social X, antes Twitter.
La legisladora nacional se refirió así la convocatoria al período de sesiones extraordinarias del Congreso hecho por Milei para tratar un paquete de temas, entre ellos la reforma del Estado.
Stolbizer evaluó que el DNU firmado por el jefe de Estado es inconstitucional porque, «además, legisla sobre materias prohibidas», como las referidas a aspectos penales y tributarios, que según el artículo 99 de la Carta Magna son potestades del Congreso.
En ese sentido, sostuvo que si el DNU no es rechazado por los legisladores «lo hará la CSJN».
Milei, en un mensaje emitido por cadena nacional, presentó el pasado miércoles el DNU de 366 artículos que implica una profunda desregulación de la economía, propone un plan de estabilización de shock, deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas.
El decreto 70/2023 declara en su primer artículo «la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025».
En su segundo artículo, la medida determina la «desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional» y otorga al Estado el poder de promover «un sistema económico basado en decisiones libres».
El DNU fue publicado al día siguiente en el Boletín Oficial y, según distintos especialistas, entraría en vigencia el próximo domingo pese a que debe ser analizado y aprobado por el Congreso Nacional.