Un día después del trágico choque frontal entre un micro y un camión en la Ruta Nacional 3, a la altura de San Miguel del Monte, que dejó al menos cuatro muertos y 16 heridos, el Gobierno bonaerense volvió a apuntar contra la paralización de las obras públicas viales por parte del Ejecutivo nacional y recordó que en febrero ya había advertido que este tipo de situaciones podían evitarse si se mantenía el financiamiento de las rutas.
El siniestro ocurrió este lunes a la madrugada en el kilómetro 132 de la Ruta 3, donde un ómnibus de larga distancia y un camión colisionaron de frente. Según informaron fuentes policiales, el accidente dejó tres pasajeros del micro y el chofer del camión fallecidos, y al menos seis heridos en estado grave.
El hecho generó conmoción en la localidad de San Miguel del Monte y volvió a poner en foco el estado de las rutas nacionales, muchas de las cuales se encuentran sin mantenimiento tras el congelamiento de la obra pública ordenado por el gobierno de Javier Milei.
En ese contexto, desde el Ejecutivo bonaerense recordaron que en febrero de este año ya habían advertido sobre las consecuencias del abandono de la infraestructura vial. Por entonces, en una presentación judicial firmada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, junto a más de 20 intendentes, la Provincia denunció que el Gobierno nacional había desviado fondos específicos destinados a rutas y paralizado todas las obras en ejecución.
Katopodis con intendentes en Luján.JPEG
“La Ruta 3, donde ocurrió este lamentable accidente, estaba en obra y avanzaba a buen ritmo. Durante el gobierno anterior se licitaron y comenzaron varios tramos, pero con la llegada de Milei todo fue frenado”, remarcaron este martes desde el Ejecutivo bonaerense.
La presentación judicial de Katopodis y los jefes comunales incluyó el reclamo por la falta de transferencias a Vialidad Nacional de $200 mil millones recaudados a través del Impuesto a los Combustibles, así como la retención de $1 billón correspondiente al Impuesto PAIS, recursos que por ley debían destinarse a infraestructura. Según la normativa vigente, el 28,58% de lo recaudado debe asignarse al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte, y la mitad de ese monto tiene como destino el sistema vial.
El reclamo provincial apuntó a que esa decisión del Ejecutivo nacional no solo afectaba el desarrollo productivo de las regiones, sino también ponía en riesgo la vida de quienes transitan por las rutas. Tras el accidente de este lunes, ese señalamiento volvió a cobrar vigencia.