Dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) expresaron hoy que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado por el presidente Javier Milei es «inválido», que «no puede reemplazar al Congreso» y que se debe convocar a sesiones extraordinarias y modificar la medida «por una ley que se vote por capítulos» para que puedan sancionarse «las reformas positivas» y evitarse «las que no lo sean».
«En el contenido del mega DNU hay algunas iniciativas -continuó- que pueden ser interesantes y otras irrelevantes para la agenda urgente. Otras pueden juzgarse como buenas, malas o realmente muy malas para las urgencias de la sociedad. Cada una de ellas merece un análisis riguroso e individual y para eso está el Congreso», dijo el presidente de la UCR, Martín Lousteau, en su cuenta de X.
Si bien remarcó que está de acuerdo «en que debemos cambiar muchas cosas en Argentina, entre ellas el improductivo desempeño de partes de nuestro Estado y regulaciones que traban el buen funcionamiento de diversos sectores de la economía», el senador radical propuso «reemplazar este inválido DNU por una ley espejo que se pueda votar por capítulos, y convocar a (sesiones) extraordinarias para darle tratamiento urgente».
Lousteau agregó que «los DNU no se pueden modificar: se aprueban o rechazan enteros» y expresó también que «con este método, en cuatro años podría venir otro Presidente y mediante otro mega DNU hacer exactamente lo contrario, lo que agregaría más incertidumbre e inestabilidad a la que ya padecemos».
«Ninguna reforma de fondo duradera puede lograrse de esta forma», opinó.
Por su parte, la diputada radical en Juntos por el Cambio (JxC) y presidenta de la UCR de la ciudad de Buenos Aires, Mariela Coletta, rechazó el DNU al afirmar que «no puede reemplazar al Congreso» y cuestionó a Milei por «imponer sin dialogar».
«Ayer, en cadena nacional, el presidente le faltó el respeto a la democracia a y la división de poderes. Hace falta generar consensos y proteger la institucionalidad para sacar adelante a la Argentina», señaló Coletta en su cuenta de X.
Aunque planteó que el país «pide un cambio», la diputada cuestionó a Milei porque «de ninguna manera el camino es a través del decreto».
«Esperamos de forma urgente la convocatoria a sesiones extraordinarias», añadió.
Su compañera de bancada, Karina Banfi, indicó que le «hace ruido» algunos fragmentos del DNU, en el que hay «propuestas interesantes» y «otras que tenemos que resolver y vigilar».
«Estoy entrando a estudiar el decreto que ayer a las 9 de la noche presentó el Presidente. Nos vamos a poner a conversar con todos los integrantes del bloque y vamos a salir con una posición unificada», sostuvo Banfi a la prensa en las afueras del Congreso.
En esa línea, la diputada dijo que el partido va a analizar «qué cosas acompañar con convicción y qué cosas mejorar» y precisó que «se va a abrir una conversación entre los 329 legisladores», quienes tienen que «tomar una decisión».
«Somos oposición. No vamos a rechazar todo por todo ni vamos a tirar piedras al Congreso como nos tienen acostumbrados otros sectores», agregó.
En tanto, la Juventud Radical (JR) de la Ciudad de Buenos Aires calificó al decreto como «sin necesidad ni urgencia, integrado por 366 puntos cuyos únicos objetivos son centralizar (aún más) la concentración económica, extranjerizar los factores de la producción y precarizar el empleo inconstitucionalmente y liberar a la ciudadanía argentina al albedrío de los privilegiados».
«Con esta maniobra, Javier Milei deja a la juventud, las familias y los jubilados a merced de los propietarios con la derogación de la Ley de Alquileres que, aún sin funcionar correctamente, configura una protección superior que lo propuesto en el DNU; abre la puerta a la venta de empresas estratégicas y superavitarias como Arsat; deroga la Ley de Tierras para que cualquier extranjero se haga con, acaso, el bien más preciado de nuestro país», enumeró la JR en su comunicado.
También cuestionaron que «dejan a merced de los fijadores de precios, derogando la Ley de Góndolas; fomenta la precarización laboral a la que los jóvenes estamos expuestos, aumentando el período de prueba de 3 a 8 meses; y aniquila la industria y la moneda nacional al modificar el Código Civil y Comercial».
«Nuestro partido tiene la función de honrar su palabra, en el Congreso, oponiéndose con criterio y retomando las banderas que nos han caracterizado históricamente; y en las calles, con militancia real, defendiendo a los sectores del trabajo y a los más vulnerables», agregó el texto.