La Corte Suprema cierra un 2021 bajo cuestionamientos del Gobierno por su funcionamiento, disminuída por la renuncia de Elena Highton, la única mujer que integraba el máximo tribunal, y volcada a dinamizar la salida de fallos para revertir la lentitud del sistema, el principal reclamo social que pesa sobre el Poder Judicial.
En otro año atípico para la justicia por la continuidad de la pandemia de coronavirus, recién se volvió a la presencialidad plena a mediados de octubre, y la Corte acordó durante el año una serie de fallos que impactaron en distintas áreas.
En abril, el máximo tribunal dio la razón a un reclamo de la Confederación Mapuche de Neuquén y de la comunidad Catalán por la creación inconsulta del Municipio de Villa Pehuenia, ubicado a trescientos kilómetros de Neuquén capital.
El máximo tribunal advirtió que el gobierno neuquino vulneró los derechos indígenas y dispuso que se adecue el funcionamiento municipal a las normativas indígena.
Un mes después, en mayo, la Corte dio a conocer se decisión de mayor impacto político al avalar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires para volver a la presencialidad en las clases en las escuelas del distrito, pese a la decisión en contrario dictada por la autoridad sanitaria nacional.
La Corte priorizó, para darle la razón a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, la autonomía de la Ciudad al equipararla con la de las provincias.
Además, consideró en su fallo como un «derecho humano» a la educación, incluso cuando se verificaba en ese momento una creciente segunda ola de casos de coronavirus en el país.
En junio, llegó otro de los fallos de alto impacto que se registraron en 2021, cuando se rechazó el pedido de «Farmacity» para instalarse en territorio bonaerense, salvando la normativa provincial que impide el funcionamiento de farmacias a nombre de sociedades anónimas.
La decisión llegó después de la convocatoria a audiencias informativas en las cuales las partes ofrecieron sus argumentos y contestaron las preguntas de los ministros de la Corte.
En materia de desempeño en las causas vinculadas a los crímenes de la dictadura, el máximo tribunal fue objeto durante todo el año de las críticas de los organismos de derechos humanos, que todavía reclaman, que la Corte defina los recursos pendientes para lograr avances y condenas.
Algo de esa deuda pagó la Corte en julio cuando revocó la «falta de mérito» por delitos de lesa humanidad que había beneficiado al propietario del ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, y resolvió que se dicte una nueva sentencia.
Blaquier y fue procesado como partícipe necesario de «La noche del apagón», como se conoce a la detención ilegal de cerca de 400 personas, entre ellos trabajadores de Ledesma, entre el 20 y el 27 de julio de 1976.
En cuanto a su funcionamiento interno, en septiembre los supremos definieron que el santafesino Horacio Rosatti sería el presidente del tribunal por los próximos tres años, luego de una amplia pulseada interna entre el finalmente ungido presidente, y los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La presidencia para Rosatti fue propuesta del magistrado Juan Carlos Maqueda y logró el apoyo del por entonces presidente del tribunal Rosenkrantz, que terminó quedando como vicepresidente.
La resolución motivó la crítica de Lorenzetti, que había pedido una reprogramación de la elección por estar representando al tribunal en una actividad institucional, porque sus colegas habían privilegiado una mayoría reglamentaria eventual, sin optar por un consenso más trabajado, y porque Rosatti se votó a sí mismo.
Como parte del proceso de renovación en la Corte, el 5 de octubre, con una carta enviada al presidente Alberto Fernández, renunció a su condición de jueza del máximo tribunal del país, Elena Highton de Nolasco.
Highton, la primera mujer nombrada en democracia en la Corte, venía desempeñándose desde junio de 2004 aportando al tribunal su formación civilista y la perspectiva de género que viene trabajando con Carmen Argibay hasta su fallecimiento.
La magistrada había quedado como la única mujer en la máxima instancia de justicia y su alejamiento fue interpretado como un disvalor en materia de igualdad de género ya que la Corte quedó integrada con cuatro hombres y sin conducción en la Oficina de la Mujer que administra el tribunal y lleva, entre otras funciones, el Registro Nacional de Femicidios.
En noviembre, ya sin Highton, con la firma de Rosatti, Lorenzetti y Maqueda, la Corte sorprendió al considerar una exigencia válida la presentación de un DNI argentino para estudiar en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El fallo fue muy criticado porque consideró válida y legítima la ley 17.671, una norma sancionada por el dictador Juan Carlos Onganía, por sobre el artículo 7 de la Ley de Migraciones que establece que en ningún caso la «irregularidad migratoria» puede impedir la admisión de un alumno en un establecimiento educativo.
El 7 de diciembre, tras el primer encuentro con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, la Corte definió que el Estado Nacional debe devolverle a la provincia de Santa Fe fondos coparticipables por unos 80 mil millones retenidos indebidamente, según un fallo emitido por el mismo tribunal en 2015.
Más allá del impacto económico sobre las arcas nacionales, el fallo sentó un precedente que podría influir en reclamos similares que están en el tribunal para que se dicte sentencia de los distritos de Córdoba, San Luis y la Ciudad de Buenos Aires.
Finalmente, el 16 de diciembre, declaró inconstitucional la ley del Congreso que redujo los miembros del Consejo de la Magistratura de 20 a 13 en 2006, y en el mismo fallo encargó al Congreso una nueva ley que lo regule y concedió un plazo de 120 días corridos para que se elijan a los nuevos miembros del órgano que elije, sanciona y eventualmente remueve a los magistrados.
