El Poder Ejecutivo eliminó normativas vinculadas a la inscripción y registro de empresas y consultores en la obra pública, para simplificar el sistema de contrataciones con el Estado y evitar la superposición de requisitos presentes en distintos marcos normativos.
A través del Decreto 105/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, suprimió el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y del Registro Nacional de Firmas Consultoras de Obras Públicas.
En su lugar, las empresas y profesionales que deseen contratar con la Administración Pública Nacional deberán inscribirse en una base de datos unificada, cuya administración quedará a cargo del órgano rector designado por el Ejecutivo.
La medida también introduce modificaciones en el régimen de contrataciones del Estado, reemplazando el artículo 27 del Decreto 1023/2001, que regulaba la participación de empresas en licitaciones. Ahora, solo podrán participar aquellas personas humanas o jurídicas que figuren debidamente inscriptas en la base de datos que establecerá el órgano rector.
Paralelamente, se eliminan requisitos adicionales que anteriormente debían cumplir las empresas para acceder a contrataciones con el Estado. Con este cambio, se pretende agilizar los procedimientos administrativos y ampliar la participación en la obra pública.
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