El ministerio de Seguridad bonaerense, a través de la Auditoría General de Asuntos Internos, exoneró a doce efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Miguel Etchecolatz, condenado a reclusión perpetua por genocidio y delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.
En un comunicado se destacó que «a pesar de haber sido condenados por cometer delitos de lesa humanidad» los 12 represores «todavía pertenecían a la fuerza, ya que figuraban como retirados y conservaban sus condiciones como policías».
Se trata, además de Etchecolatz, de Carlos García, ex comisario general; Horacio Elizardo Luján, ex comisario mayor; Bernabé Jesús Corrales, ex comisario mayor; Fernando Svedas, ex comisario mayor; Miguel Gerónimo Kearney, ex comisario inspector; Raúl Orlando Machuca, ex comisario inspector; Sergio Arturo Verduri, ex comisario inspector; Pedro Antonio Ferriole; ex comisario inspector; Mario Víctor Nicodemo Sita, ex suboficial mayor; Luis Vicente Patrault, ex suboficial principal; y Santiago Antonini, ex suboficial principal.
El titular de la cartera de Seguridad, Cristian Ritondo, destacó que «es importante está resolución debido a que no podíamos dejar a estas personas con estado policial, ya que era una falta de respeto a la democracia y un mal ejemplo para la fuerza».
«Esta medida se logró a través de un trabajo en conjunto e intercambio de información con diferentes organismos de derechos humanos, luego de una investigación administrativa que Asuntos Internos inició el año pasado», destacó el funcionario.
Detalló que se chequeó esa información y se constató que estos represores todavía eran parte de la fuerza, luego comenzó un trabajo de intercambio de información con el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Cantón, con la Comisión Provincial por la Memoria y el CELS, entre otros organismos.
Esa labor permitió elaborar un listado con policías retirados que estaban involucrados en al menos 270 causas de delitos de lesa humanidad por las que habían sido condenados judicialmente con penas privativas de la libertad.
Debido a ello, se explicó, «por haber agredido a particulares y violado sus derechos humanos, lo que representó una falta a la ética, el respeto, la integridad y honestidad del funcionario -situación que verificó una grave afectación a la imagen pública de la Policía de la provincia de Buenos Aires- Asuntos Internos dispuso la exoneración de los efectivos por los delitos cometidos».
Esa sanción es la más severa contenida en el régimen disciplinario policial e implica la separación definitiva de la fuerza y la pérdida de todos los beneficios inherentes al cargo.
Fuentes de la cartera de Seguridad precisaron a Télam que al notificarse de su exoneración, Etchecolatz firmó y debajo escribió: «Prisionero de guerra».
En ese sentido, el secretario de Derechos Humanos, destacó que «el hecho de que hayan pasado más de 30 años para exonerar a Etchecolatz, uno de los peores símbolos de la dictadura, es la evidencia de lo mucho que falta por hacer. Desde el primer día estamos trabajando en la Provincia para lograr justicia, verdad y memoria para todos los argentinos».
Mano derecha de Ramón Camps, jefe de la Policía bonaerense durante la última dictadura, Etchecolatz purga en la cárcel de Ezeiza seis condenas por crímenes de lesa humanidad y está siendo investigado en otros procesos.
En los juicios por delitos de lesa humanidad que se le siguieron se comprobó que él era el jefe directo de los al menos 21 centros clandestinos de detención que hubo en la Provincia en los años de la dictadura.
Fue condenado por robo de bebés, secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones. Cuando Camps fue nombrado jefe de la Policía Federal, en 1977, Etchecolatz siguió manejando la Bonaerens y se retiró de esa fuerza en 1979.
El 14 de julio pasado, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata otorgó por mayoría el beneficio de la prisión domiciliaria a Etchecolatz en las últimas dos causas de esa jurisdicción por las que estaba encarcelado, aunque seguirá tras las rejas a disposición de otros dos tribunales.
La mayoría integrada por los jueces Germán Castelli, que lideró el acuerdo y Alejandro Esmoris, con la disidencia de Pablo Vega, argumentó para conceder ese beneficio al genocida la edad y «patologías crónicas» que lo aquejan.
