Garavano: «La Oficina de Protección de Testigos estaba prácticamente desarticulada» en el kirchnerismo

El ministro de Justicia, Germán Garavano, dijo hoy que la Oficina de Protección de Testigos, a cuyo régimen ingresó ayer el presunto testaferro de Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, «estaba desarticulada» y «no existía en el gobierno anterior».
«La Oficina de Protección de Testigos estaba prácticamente desarticulada. Solamente se usaba para pagar algunos gastos y algunas situaciones vinculadas principalmente a delitos de lesa humanidad», afirmó Garavano en declaraciones a radio Mitre, en las que remarcó que en los últimos dos años el programa «se ha extendido a delitos de narcotráfico, trata de personas y otros».
El funcionario agregó que tanto la figura del arrepentido como la protección de testigos «genera herramientas muy útiles para combatir la criminalidad organizada» y precisó que «toda esa estructura estaba desmontada o no existía en el gobierno anterior».
En ese marco, Garavano remarcó que «ahora hay una serie de herramientas que facilitan la investigación de hechos de corrupción, narcotráfico y criminalidad organizada en general».
Ayer, Vandenbroele fue incorporado provisoriamente al programa de protección de testigos, tras presentarse en los tribunales de Comodoro Py, y entrevistarse con el fiscal Jorge Di Lello.
«Del tribunal (Vandenbroele) se retiró ya protegido por el programa a un lugar seguro», subrayó Garavano, quien explicó que esa medida «prevé un plan de protección para la persona que puede ser un testigo o un imputado».
«La protección personal puede prever el cambio de nombre -está expresamente previsto entregar documentación a otro nombre-, y la posibilidad de relocalizar a una persona, mudarla de domicilio, ciudad o de país», según puntualizó el funcionario.
El ingreso al programa es voluntario y la permanencia en el mismo exige el cumplimiento de las condiciones fijadas por las autoridades.
Creado por ley 25.764, el sistema de Protección se encuentra dirigido a testigos e imputados que «hubieran realizado un aporte trascendente a una investigación judicial de competencia federal vinculada a delitos de delincuencia organizada o de violencia institucional, y que como consecuencia de él, se encuentren en una situación de riesgo», indicó el ministerio de Justicia.