El debate del proyecto que aumenta las penas para los barras bravas se reanudará mañana, cuando se vuelva a reunir el plenario de las comisiones de la Cámara de Diputados que ayer pasó a un cuarto intermedio luego de fuertes cruces y chicanas entre los legisladores del oficialismo y de la oposición que impidieron avanzar en el dictamen.
Previo a ese encuentro, esta tarde se reunirán los asesores de los diputados que integran las comisiones de Legislación Penal y de Deportes para intentar zanjar las diferencias planteadas ayer en el plenario, que incluyó insultos, acusaciones cruzadas y varias chicanas en las que algunos diputados oficialistas y opositores se acusaron de «tonta», «forro», «mono» o «espía».
Si bien la intención del oficialismo es agotar las instancias para lograr un dictamen consensuado, se estima que tanto el Frente Renovador como el Frente para la Victoria-PJ podrían reafirmar allí su voluntad de rechazar el texto impulsado por el oficialismo y presentar despachos propios.
En ese sentido, la presidenta de la comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, Gabriela Burgos (UCR-Jujuy) confirmó a Télam que esta tarde los asesores se reunirán para analizar “propuestas concretas, reales y aplicables sobre las que se pueda llegar a avanzar” y ratificó la voluntad del oficialismo de seguir dialogando “para lograr un despacho de consenso”.
Burgos ratificó que mañana a las 15 el plenario de las comisiones de Legislación Penal, que preside, y la de Deportes, a cargo de Daniel Scioli (FPV-PJ), reanudará el cuarto intermedio al que pasó ayer, tras la polémica generada entre los diputados que casi termina en escándalo.
“Se ha abierto otra mesa de diálogo hoy con la esperanza de que podamos consensuar lo más posible para que mañana tengamos un dictamen de mayoría”, enfatizó la diputada radical.
Entre otras cuestiones, el proyecto impone penas por portación y tenencia de armas, agresión o intimidación, financiamiento de las barrabravas, a la reventa de entradas, generación de avalanchas y entorpecimiento de los traslados, a la vez que penaliza la actividad de los denominados «trapitos» y castiga el enriquecimiento ilícito de los dirigentes de los clubes.