La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados retomará el próximo martes el debate de los proyectos de ley para facilitar el accionar de la Justicia cuando disponga allanamientos a propiedades de legisladores nacionales.
El debate había quedado trunco en junio pasado, cuando la Cámara debatía la controversia generada luego de que el diputado del FpV-PJ Julio De Vido se amparara en sus fueros para impedir una medida judicial de esas características.
Sobre la mesa de trabajó estará un proyecto del presidente de bloque PRO, Nicolás Massot, mediante el cual se elimina el párrafo de la ley de textos que supedita los allanamientos de la Justicia a la previa autorización de la respectiva cámara.
El proyecto del diputado por Córdoba propone eliminar de la Ley de Fueros el articulo que precisa que «no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara».
Así, el oficialismo va más allá de la propuesta presentada por el Frente Renovador que, a través de un proyecto de la diputada Graciela Camaño, sugirió una opción intermedia entre esa y la actual legislación.
La diputada massista propone en su proyecto que «al ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores o la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas deberá comunicar de tales medidas al Presidente de la respectiva Cámara, quien debe estar informado de ello previo a llevárselas a cabo y guardar reserva de las mismas hasta tanto se hagan efectivas».
Tanto el proyecto de Massot, que elimina el requisito de el visto bueno de la Cámara para avanzar con el allanamiento, como el de Camaño, que lo habilita luego de ser informado al presidente de la Cámara, además de Asuntos Constitucionales, fueron girados a Peticiones, Poderes y Reglamento.
El tema del alcance de los fueros se reactivo el año pasado luego de que, a fines de abril, el juez federal Luis Rodríguez debiera suspender un allanamiento que había ordenado realizar al domicilio de De Vido a posteriori de que la defensa del ex funcionario y actual diputado nacional apelara a sus fueros para objetar la medida.
Ante esta circunstancia, el diputado del PRO, Pablo Tonelli logró la aprobación de un proyecto de resolución para autorizar a la justicia a avanzar con el allanamiento.
Además de ese tema, en la reunión prevista para las 14, se pondrá a consideración la modificación de la legislación que habla sobre la apertura de una causa penal contra un legislador, un funcionario o un magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político.
Otros temas serán, la competencia de la Auditoría General de la Nación respecto de la Asociación del Fútbol Argentino; la modificación a la Ley de Ética Pública sobre actualización del contenido de la declaración jurada patrimonial y creación de la Oficina Nacional de Ética y Transparencia en la Función Pública.
La presentación y contenido de las declaraciones juradas patrimoniales; el Régimen de gestión de intereses y el Régimen de Publicidad en la actividad de lobby y demás gestiones que representen intereses particulares, también se comenzarán a debatir.