La Cámara Federal porteña resolverá en junio si se acepta como querellante a la AFIP en la causa que investiga el viaje de jueces y funcionarios porteños a la estancia de Joseph Lewis en Lago Escondido, Bariloche, entre otras cuestiones que hacen a la pesquisa y que llegaron a esa instancia
La sala II del Tribunal de Apelaciones analizará el mes próximo luego de escuchar a las partes en audiencia, una apelación de AFIP contra el rechazo a ser tenida como querellante, informaron a Télam fuentes judiciales.
También evaluará un recurso del Ministerio de Justicia para que se revise en otra instancia, la Cámara Federal de Casación, su planteo para asumir como querella y un pedido de intervenir como «amicus curiae» en la pesquisa por parte de una asociación civil, detallaron fuetes judiciales.
Además, los camaristas Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Iruruzun analizarán un pedido de nulidad presentado por uno de los jueces imputados, el penal económico Pablo Yaradola, contra un entrecruzamiento de teléfonos ordenado cuando la causa tramitaba en Bariloche.
Este juez también recusó al fiscal que interviene en la causa desde que tramita en los tribunales federales de Retiro, Federico Delgado, algo que llegó ya al análisis de la Cámara Federal.
El juez federal porteño Sebastián Ramos quedó a cargo de la investigación luego del pase del expediente desde Bariloche y rechazó aceptar como querellante a la AFIP.
El organismo pide intervenir en la causa tras detectar que pudo haber irregularidades en la facturación de los servicios, hospedaje y viaje en avión privado, de los jueces y funcionarios que fueron a Lago Escondido.
El juez Ramos rechazó el planteo y ahora se apeló ante la Cámara Federal.
En cuanto al Ministerio de Justicia, el planteo para asumir como querella ya fue rechazado en la Cámara Federal porteña por lo cual se presentó un recurso para que el tema sea decidido en Casación.
En la causa se investiga a «funcionarios públicos (jueces federales, un ministro y un fiscal), entre otros, por haber aceptado determinados servicios de costo económico, ofrecidos por empresarios en razón de los cargos que ejercían».
Se investiga además si «aquellos beneficios podrían haber estado vinculados a específicas intervenciones que tuvieron en casos puntuales ligados a los roles que poseen».
El expediente tiene como imputados al juez en lo Criminal y Correccional Julián Ercolini; al fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; al ex ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro; al juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Mahiques; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico 2, Pablo Yadarola; y a Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal 9.
También están imputados Leonardo Bergroth, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos del grupo Clarín Pablo César Casey y Jorge Rendo.
Todos participaron en octubre pasado de un viaje a la estancia de Lewis en Lago Escondido.