El secretario de Asuntos Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Adrián Pérez, afirmó hoy que con la ley de financiamiento político para campañas electorales, que el Congreso sancionaría el miércoles próximo con el apoyo del justicialismo, lo que «se busca es terminar con el aporte en negro» para otorgar «transparencia» a la actividad de los partidos políticos.
Pérez explicó que actualmente «las empresas pueden aportar a la vida institucional de un partido, pero no pueden aportar a la campaña, y lo que ocurrió con eso es que las empresas igualmente aportaron a las campañas electorales y lo que creció fue el aporte no registrado, o aporte en negro».
«Queremos terminar con el aporte no registrado, que es lo más complicado, ya que las campañas son financiadas con dinero que no se sabe quién puso», remarcó el funcionario, en diálogo de la Casa Rosada.
El Gobierno envió el proyecto el año pasado y, luego de marchas y contramarchas en el Congreso, fue aprobado semanas atrás por el Senado y ahora tiene dictamen para su tratamiento de la Cámara de Diputados, que tiene previsto sancionarlo el miércoles 8 de mayo con el apoyo del justicialismo.
El proyecto prevé el aporte de empresas con un tope del 2 % sobre el total, que hasta ahora está prohibido, y para Pérez «de esa forma va a haber un aporte atomizado, no va a haber un aporte concentrado en tres o cuatro empresas».
«Trabajamos mucho en el Senado para tener un proyecto consensuado y acordado, que tiene los puntos principales que buscábamos para un nuevo proyecto de financiamiento», contó el secretario de Asuntos Políticos, máximo encargado del oficialismo en temas electorales.
Además, ponderó que «la buena noticia es que salió con un consenso muy amplio; la votación fue 47 votos positivos y 2 negativos, que muestra que viene con mucho impulso del Senado para facilitar ahora la aprobación en Diputados».
Pérez explicó que «el proyecto común, que se trabajó con senadores justicialistas, aborda las principales falencias que tiene la ley».
En ese plano, apuntó que el proyecto «busca transparencia en el financiamiento de la política, mejores controles y mayor equidad en la competencia electoral» y ese plano resaltó que «el punto más importante de la ley es la bancarización total de aportes y gastos».
El funcionario apuntó que «la ley actual permite el aporte en efectivo y ese aporte no es una excepción, sino que el 50 por ciento de los aportes que reciben los partidos políticos son en efectivo, con lo cual hay una dificultad concreta con la ley actual de identificar quién ha sido fehacientemente el aportante».
Por eso, Pérez enfatizó que «con la bancarización se termina eso y va a haber identificación fehaciente del aportante, trazabilidad del dinero, y es muy relevante ya que los aportes van a poder ser solamente mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito o débito, y eso permite un control exhaustivo y quién ha sido el aportante».
«Otro aspecto es que establece un marco para que quien controla, que es la Justicia, pueda usar también los datos que están en otros organismos del Estado; es muy importante que la Justicia pueda cruzar la información con la que tiene la UIF, AFIP, Procelac y el Anses, para detectar posibles irregularidades en el marco de una campaña», finalizó.