El fotógrafo José Luis Cabezas era asesinado hace 27 años en la localidad bonaerense de Pinamar, en un hecho perpetrado por una banda vinculada al empresario postal Alfredo Yabrán y que conmocionó a la opinión pública de una Argentina que, en el ocaso de los ´90, comenzaba a hacer vaivén en la disputa política entre Carlos Menem y Eduardo Duhalde.
Un año antes de su asesinato, Cabezas había logrado fotografiar al enigmático empresario propietario de la empresa OCA, durante la cobertura de verano que realizaba junto al periodista Gabriel Michi para Noticias.
«Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente. Ni los servicios de inteligencia tienen una foto mía», era la frase que por entonces se le atribuía al dueño del emporio postal.
El homicidio fue cometido en el contexto de una dura disputa política que mantenían el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eduardo Duhalde, y Carlos Menem, que ocupaba la jefatura del Estado.
Ambos dirigentes rivalizaban por el liderazgo del Partido Justicialista (PJ) y la sucesión presidencial, en tiempos en que Menem, quien ejercía su segundo mandato, aspiraba a lograr un tercero frente a las aspiraciones del mandatario bonaerense, que pugnaba por llegar a la primera magistratura.
Al conocerse la noticia del asesinato de Cabezas, Duhalde afirmó que le habían «tirado un muerto» para trabar su postulación a la presidencia, y en consecuencia, la puja con Menem se profundizó con el avance de la investigación por el asesinato.
En 1996, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, había denunciado que Yabrán «lideraba una mafia enquistada en el poder», en una prolongada exposición ante la Cámara de Diputados.
En tanto, Duhalde consideraba que Yabrán era «sospechoso» del crimen de Cabezas, y Menem sostenía en cambio que el dueño de OCA era «sólo un empresario más».
La emblemática foto de Yabrán caminando en la playa fue publicada en la tapa de la revista Noticias en marzo de 1996, y la investigación judicial posterior determinó que el empresario tomó la revelación de su imagen como una afrenta que no estaba dispuesto a perdonar.
Después de la publicación, el fotógrafo y su pareja, Cristina Robledo, comenzaron a recibir amenazas telefónicas y un año después, un funcionario cercano a la gestión del entonces intendente de Pinamar, Blas Altieri, le confió a Cabezas que «gente de Yabrán» había indagado sobre la dirección donde se alojaría durante la cobertura de la temporada.
Un mes antes del crimen, el policía de la bonaerense Gustavo Prellezo, condenado como uno de los autores materiales del hecho, se reunió con Yabrán en Buenos Aires, en las oficinas que el empresario tenía en Carlos Pellegrini al 1100.
En esa reunión, ´Don Alfredo´ le confió que quería «pasar un verano tranquilo sin fotógrafos ni periodistas», según lo que el oficial declaró luego ante la Justicia.
Michi asegura que el objetivo «de máxima» que tenían ese verano él y Cabezas era entrevistar a Yabrán
En ese marco, el 24 de enero de 1997 ambos concurrieron a una fiesta que ofreció en su casa de Pinamar el empresario Oscar Andreani, donde llegaron en un Ford Fiesta de color blanco.
A las 4 de la madrugada el periodista se retiró y el fotógrafo lo hizo una hora después, en el vehículo en el que se desplazaban.
A la mañana siguiente, el cuerpo de Cabezas apareció adentro del Ford Fiesta quemado con alcohol metílico, en una cava de las afueras de Pinamar.
El cadáver tenía sus manos esposadas y dos proyectiles de un arma calibre 32 alojados en la cavidad craneana.
El asesinato del fotógrafo develó vínculos entre el gobierno, políticos y empresarios, y cinco meses después del crimen debió renunciar el entonces ministro de Justicia, Elías Hassan: el funcionario había mantenido más de cien contactos telefónicos con Yabrán, a quien le había otorgado el reparto de la correspondencia de la cartera a su cargo.
La cobertura del caso fue tema excluyente para todos los medios del país y la foto del reportero gráfico acompañada con la leyenda «No se olviden de Cabezas» se convirtió en un símbolo de la denuncia contra la impunidad que unió en un mismo reclamo a organizaciones gremiales y organismos de derechos humanos.
Tras varios meses de instrucción, el juez federal de Dolores, José Luis Macchi, procesó y dictó prisión preventiva en mayo de 1989 para Yabrán como instigador del crimen.
Tras permanecer algunos días en condición de prófugo, el empresario postal se suicidó en un campo de su propiedad ubicado en Entre Ríos, donde cuando permanecía oculto.
Prellezo, quien estaba al servicio de Yabrán, y un grupo de delincuentes conocidos como «Los Horneros», fue quien encabezó la autoría material del crimen.
El expolicía bonaerense fue condenado a reclusión perpetua en febrero de 2002, pero sólo pasó tras las rejas 13 años pese a que la sentencia fue ratificada en las máximas instancias judiciales de la provincia y del país.
Los otros condenados por el asesinato fueron el expolicía Aníbal Luna (condenado a prisión perpetua y en libertad condicional desde 2017); el exjefe de Seguridad de Yabrán, Gregorio Ríos (condenado a perpetua como instigador del hecho y en libertad condicional desde 2008); y el comisario Mario «La Liebre» Gómez (condenado por liberar la zona en la que ocurrió el crimen, recuperó la libertad en 2006 tras una decisión de la Cámara de Casación bonaerense).
Además fue sentenciado el policía Sergio Cammaratta, quien murió en el penal de Dolores en 2015, sindicado por la Justicia como responsable de haberle hecho «un seguimiento» a Cabezas cuando trabajaba en Pinamar en el verano de 1997.
De la banda «Los Horneros», reclutados por Prellezo, fueron desvinculados de la causa José Luis Auge (que recibió condena en el juicio que se hizo en 2004 pero quedó en libertad cuatro años más tarde); y Sergio Gustavo González (sentenciado a prisión perpetua recibió una reducción de la condena y salió de la cárcel en 2006, aunque tiene una causa por drogas radicada en los tribunales de CABA).
Por su parte, también de la banda de «Los Horneros», fue desvinculado de la causa Horacio Braga (quedó en libertad condicional diez años después del crimen, y a mediados de 2018 cumplió su condena con la Justicia), mientras que Miguel Retana, sentenciado a prisión perpetua en 2000, murió por una afección originada por el SIDA en la cárcel un año después.
