El Gobierno nacional oficializó hoy su decisión de declarar sujeta a privatización a Aerolíneas Argentinas, al argumentar que la puesta de la empresa en manos de privados «y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio, el cuidado de las arcas públicas y, principalmente, que los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente».
La medida, publicada en el Boletín Oficial, fue dispuesta mediante el decreto 873/2024, basado «en los términos y con los efectos previstos en la Ley 23.696 que regula las privatizaciones de las empresas del Estado», se explicó.
El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y del ministro de Economía, Luis Caputo, y deberá ser tratado por el Congreso de la Nación, donde ya «tiene asignado un trámite parlamentario de naturaleza prioritaria previsto específicamente por ley».
«El Gobierno nacional se encuentra desarrollando un amplio programa de transformación del sistema nacional de transporte en general y aéreo en particular, tendiente a racionalizar la oferta de servicios, expandir las inversiones y disminuir los costos; ello con la perspectiva de contribuir al incremento de la competitividad de la economía y al mejoramiento de la calidad de los servicios», apunta el texto.
Según el Capitulo II de la Ley N° 23.696, el Gobierno puede declarar a las «empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado Nacional» como “sujetas a privatización” para proceder a su privatización total o parcial o a la liquidación.
En los fundamentos del decreto publicado hoy se recuerda que mediante el DNU 70/2023 «se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal y administrativa, entre otras, y se dispuso un programa general de desregulación de la economía a través de la eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden su normal desarrollo».
Además, se hace hincapié en que conforme a la información presupuestaria publicada por la Oficina Nacional del Presupuesto de la cartera de Economía «en el año 2023 solamente siete de las empresas estatales obtuvieron ganancias y únicamente cuatro no requirieron el aporte de fondos del Tesoro».
«La privatización de la compañía y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio, el cuidado de las arcas públicas y, principalmente, que los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente», sostuvo el Poder Ejecutivo al argumentar el decreto.
En ese marco, advirtió que «a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado Nacional y la disminución de aportes del Tesoro, los estados contables de la empresa mantienen un grave déficit que imposibilitan su funcionamiento en condiciones de libre mercado», y subrayó que el Gobierno «tiene como objetivo primordial la emisión monetaria cero».
«En un contexto en el cual la pobreza alcanza al 52,9 % de la población y la indigencia al 18,1% el Estado Nacional debe destinar los limitados recursos fiscales a atender las necesidades de los que menos tienen. En ese sentido, el Tesoro Nacional no se encuentra en condiciones de mantener una empresa altamente deficitaria a través del aporte de cientos de millones de pesos que provienen del esfuerzo de los habitantes de la Republica Argentina», se afirma luego.
Asimismo, se recuerda que mediante la sanción de la Ley 26.412, el Estado nacional «procedió al rescate de las empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas – Cielos del Sur S.A., y de sus empresas controladas con el fin de garantizar el servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga, así como el proceso de crecimiento del turismo nacional e internacional», y se añadió que luego de los 16 años de la estatización de la compañía área de bandera, «los objetivos propuestos no fueron concretados»,
«A lo largo de este período la empresa presentó marcadas pérdidas, las cuales fueron mitigadas a través del aporte del Tesoro Nacional con el fin de garantizar la continuidad operativa. A pesar del grave resultado económico que arroja la gestión de Aerolíneas Argentinas S.A., sus empleados mantienen importantes beneficios que contribuyen a empeorar la situación descripta», continuó el Gobierno en los considerandos.
En ese sentido, subraya que «el sobredimensionamiento de la estructura de Aerolíneas Argentinas S.A. surge con claridad de su comparación con compañías aéreas de la región».
En el Congreso se debate en la actualidad un proyecto para la privatización de Aerolíneas Argentinas que se encuentra en las comisiones de Transportes y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde los bloques aguardaban la publicación de este decreto del Ejecutivo para avanzar con el tratamiento de la norma.
«Aerolíneas Argentinas arrastra un déficit crónico a raíz de las desastrosas gestiones que llevaron a cabo los diferentes gobiernos populistas, lo que provocaron la necesidad de realizar constantes transferencias de recursos públicos que pone en riesgo la sostenibilidad fiscal», señaló la semana pasada el vocero presidencial, Manuel Adorni, al anunciar la publicación de este decreto.
En ese sentido, precisó que «desde su reestatización en 2008, los aportes del Estado nacional para cubrir el déficit de la compañía alcanzaron los 8.000 millones de dólares» y se preguntó: «¿Por qué los argentinos, que en su mayoría no han viajado nunca en su vida, deben cubrir esta atrocidad?».
Por su parte, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, expresó que la compañía debe «adaptarse y generar las condiciones» para que pueda «operar, competir y no generarle problemas al contribuyente», que actualmente «debe pagar sus pérdidas».
«Aerolíneas, que compite en estos mercados, tiene que adaptarse a estos cambios y generar las condiciones para que podamos operar, competir y no generarle problemas al contribuyente que tiene que terminar pagando las perdidas que genera», indicó Lombardo en declaraciones a la prensa.