El Gobierno nacional resolvió la reestructuración del Archivo Nacional de la Memoria y del Museo Sitio de Memoria ESMA, que dejarán de funcionar como organismos descentralizados y pasarán a ser unidades organizativas internas del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), dependiente del Ministerio de Justicia.
La medida fue oficializada a través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y forma parte del proceso de revisión estructural iniciado tras la declaración de emergencia pública establecida en la Ley 27.742.
Según se explicó, la decisión apunta a concentrar funciones, personal y recursos bajo una misma entidad con el objetivo de “evitar superposición de estructuras” y “mejorar la asignación de recursos públicos”.
El CIPDH, creado por ley en 2010 en acuerdo con la Unesco, absorberá formalmente las funciones que hasta ahora cumplían el Archivo y el Museo, aunque el decreto garantiza la continuidad de las actividades y la preservación de los archivos documentales. La Dirección de Sitios y Espacios de Memoria, en tanto, continuará bajo control directo de la Secretaría de Derechos Humanos.
El Ejecutivo justificó la reorganización citando un relevamiento elaborado por la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, que advierte un crecimiento sostenido del personal en organismos descentralizados: de 35.481 agentes en 2010 se pasó a 88.095 en 2024.
Ambos espacios forman parte del predio de la ex-ESMA. El Archivo Nacional de la Memoria fue creado en 2003 con el objetivo de recopilar, digitalizar y archivar documentación vinculada con violaciones a los derechos humanos, mientras que el Museo Sitio ESMA, inaugurado en 2015, funciona en el edificio del ex Casino de Oficiales, donde durante la última dictadura operó uno de los principales centros clandestinos de detención.
El decreto establece que el Ministerio de Justicia será el encargado de dictar las normas administrativas necesarias para implementar la reorganización, mientras que el CIPDH deberá presentar una propuesta de adecuación de su estructura. Hasta tanto se aprueben los nuevos organigramas, cualquier movimiento de personal requerirá autorización previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública.
La norma también modifica los decretos fundacionales de ambos organismos (1259/2003 y 1133/2015), eliminando los artículos que referían a su autonomía administrativa y redefiniendo su estatus institucional bajo el nuevo esquema.