El Poder Ejecutivo nacional oficializó este lunes el Decreto 536/2025, mediante el cual introdujo una profunda reforma al régimen de desarmaderos, repuestos usados y baja de vehículos siniestrados. Con esta medida, se actualiza el Decreto 744/2004 y se da paso a un sistema 100% digital, que reemplaza trámites presenciales por gestiones remotas y elimina costos innecesarios tanto para los ciudadanos como para el Estado.
Según la normativa, publicada en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor será la autoridad encargada de aplicar y reglamentar el nuevo sistema, que contempla la digitalización completa del proceso de baja y desarme de automotores, incluida la emisión electrónica del certificado correspondiente y la carga remota de las piezas recuperables.
En línea con las modificaciones de la Ley 25.761 y sus decretos complementarios, el Gobierno apunta a agilizar los trámites, reducir costos operativos y mejorar la trazabilidad de las autopartes con fines de control y seguridad pública. En ese sentido, se elimina la exigencia de renovación anual para los desarmaderos registrados, se permite notificar electrónicamente las inactividades transitorias y se impone el uso de códigos identificatorios digitales para cada pieza reutilizable.
El nuevo régimen refuerza el control en línea, exige documentación digital respaldatoria y otorga herramientas a las autoridades de seguridad para inspeccionar establecimientos y el transporte de autopartes en tiempo real. También se dispone que las aseguradoras solo podrán pagar indemnizaciones en casos de destrucción total cuando se presente el nuevo Certificado de Baja y Desarme emitido digitalmente.
La normativa entrará en vigencia dentro de 60 días y será acompañada por normativas complementarias a cargo del Ministerio de Economía y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El Gobierno sostiene que estas reformas permitirán desarticular canales ilegales de comercialización de autopartes y brindar mayor seguridad jurídica.