El Gobierno nacional avanzó con un nuevo esquema para ampliar el sistema de transporte de energía eléctrica y habilitó la ejecución de obras estratégicas bajo el régimen de concesión de obra pública, con participación del sector privado. La medida quedó formalizada a través del decreto 921/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.
La norma establece que las obras de ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica consideradas prioritarias serán llevadas adelante conforme a la Ley 17.520 y sus modificatorias, mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales y a título gratuito, es decir, sin comprometer recursos públicos de manera directa.
El decreto se inscribe en el marco normativo de la Ley 24.065, que fija los objetivos de la política eléctrica nacional, entre ellos la protección de los derechos de los usuarios, la promoción del libre acceso y la confiabilidad del sistema, y el incentivo a las inversiones privadas en generación, transporte y distribución de electricidad.
Según se detalla en los considerandos, las ampliaciones del sistema de transporte podrán realizarse por iniciativa privada y bajo riesgo del ejecutor, tal como lo prevé la normativa vigente para el Sistema Argentino de Interconexión (SADI). En ese sentido, se recordó que el transporte y la distribución de energía eléctrica requieren concesión otorgada por el Poder Ejecutivo Nacional, aunque las ampliaciones pueden instrumentarse bajo distintos esquemas, incluido el concesional.
La decisión también se apoya en la emergencia del sector energético nacional, declarada originalmente por el decreto 55/2023 y prorrogada posteriormente hasta el 9 de julio de 2026. En ese contexto, se instruyó a la secretaría de energía del ministerio de economía a implementar acciones destinadas a garantizar inversiones que aseguren la prestación continua y adecuada de los servicios eléctricos.
En línea con ese objetivo, la resolución 715/2025 del ministerio de economía declaró prioritarias una serie de obras de ampliación del sistema de transporte eléctrico, identificadas en un anexo específico, que ahora serán ejecutadas bajo el esquema de concesión de obra pública. Entre ellas se incluyen los proyectos “AMBA I”, “Línea 500 kV Río Diamante – Charlone – O’Higgins” y “Línea 500 kV Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca”.
El decreto 921/2025 delegó en la secretaría de energía del ministerio de economía amplias facultades para llevar adelante el proceso licitatorio. Entre ellas, aprobar los pliegos de bases y condiciones generales y particulares, las especificaciones técnicas, el modelo de contrato de concesión y toda la documentación necesaria; convocar a las licitaciones públicas; conformar y organizar la comisión evaluadora; calificar oferentes; resolver impugnaciones; adjudicar las obras y suscribir los contratos correspondientes.
Asimismo, se estableció que el ministerio de economía será la autoridad de aplicación de los contratos de concesión que se celebren, con funciones de supervisión y control, mientras que la secretaría de energía quedará facultada para dictar las normas complementarias y operativas necesarias para la implementación del régimen.
En los fundamentos de la medida, el Poder Ejecutivo sostuvo que el modelo concesional previsto en la Ley 17.520 otorga previsibilidad a los inversores, al contemplar mecanismos de remuneración, mantenimiento del equilibrio económico-financiero y mitigación de riesgos ante eventuales finalizaciones anticipadas de los contratos.
De esta manera, el Gobierno busca impulsar la inversión privada en infraestructura energética, optimizar el funcionamiento del sistema de transporte eléctrico y reducir el impacto del gasto público, en línea con los lineamientos generales de la política económica. El decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.