Los colegios privados se preparan para retomar las actividades académicas y para afrontar el inicio del ciclo lectivo 2026 con preocupación por el desacople financiero que se produce durante los meses sin ingresos, en los que deben sostener la totalidad de los costos operativos del servicio educativo.
Según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), a esta dificultad recurrente de cada comienzo de año se suma la aplicación de los recientes acuerdos salariales retroactivos para los docentes de la provincia de Buenos Aires, lo que genera un fuerte desequilibrio económico en las instituciones.
Desde el sector explicaron que los establecimientos deben afrontar incrementos salariales desde diciembre, sin que se haya autorizado aún la actualización de los valores de las cuotas. En el caso de los colegios que reciben aporte estatal, la normativa vigente sólo habilita la modificación de los aranceles a partir del mes de marzo.
“El problema central es que no existe una herramienta legal que permita acompañar los aumentos salariales con ajustes arancelarios en el mismo período. Según la normativa vigente, los colegios con aporte estatal sólo pueden cobrar cuotas actualizadas desde marzo, lo que genera una brecha de tres meses sin cobertura para los nuevos costos laborales”, explicó el secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita.
Las instituciones deben afrontar de manera inmediata, con la liquidación de haberes de enero, aumentos salariales retroactivos correspondientes a diciembre y enero, incluyendo el proporcional del aguinaldo, además del pago de los sueldos de febrero, que se abonan en los primeros días de marzo. Todo esto ocurre sin modificar los aranceles y, en muchos casos, sin percibir cuotas durante el receso escolar.
De acuerdo con estimaciones del sector, las escuelas deben cubrir un costo salarial acumulado cercano al 8,1%, compuesto por un 1,5% correspondiente a diciembre y el aguinaldo, un 3,3% de enero y otro 3,3% de febrero, tal como se acordó recientemente en la paritaria con el gobierno provincial.
En la provincia de Buenos Aires funcionan aproximadamente 4.800 colegios privados con subvención estatal, lo que representa más del 70% del total de los establecimientos educativos de gestión privada. Estas instituciones deben respetar los topes arancelarios fijados por el gobierno.
“El sistema está atravesando un momento de cambios y enfrenta desafíos severos. Una de las principales preocupaciones es la fuerte caída en la cantidad de alumnos en todo el sistema educativo, un fenómeno que se está extendiendo en todo el país”, advirtió Zurita.
A este escenario se suma que, en los últimos años, los colegios registran niveles de morosidad superiores al promedio histórico, producto de las dificultades que enfrentan los presupuestos familiares. “Además, se verifica un aumento constante de los costos operativos, en un contexto en el que las instituciones se esfuerzan por mejorar la calidad educativa a pesar de un panorama desfavorable”, concluyó el referente de AIEPA.