La Libertad Avanza (LLA) de la provincia de Buenos Aires anunció que impulsará el juicio político de la jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense, mientras que el senador provincial Manuel Passaglia informó que denunció a la magistrada y presentó un pedido de jury en su contra.
Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, dispuso la suspensión preventiva de la Ley 27.801 apenas 48 horas después de su entrada en vigencia. La norma establece el nuevo Régimen Penal Juvenil y contempla la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La decisión judicial se originó en un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, en representación de adolescentes privados de su libertad. En su resolución, la jueza planteó dudas sobre la capacidad y la infraestructura disponibles en la provincia para afrontar la ampliación del universo de adolescentes alcanzados por el sistema penal juvenil.
Según el fallo, el Estado debe contar con las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias para garantizar los estándares constitucionales y convencionales aplicables a la privación de la libertad durante la adolescencia.
La magistrada tomó además como referencia inspecciones realizadas en el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora, donde se había establecido un límite máximo de 60 adolescentes alojados debido al incumplimiento de estándares mínimos.
En ese marco, Pascual señaló que, si bien se habían registrado avances en infraestructura, provisión de agua potable y alimentación, persistían dificultades vinculadas con el acceso a la educación, la formación profesional, el ámbito laboral y los tiempos de aislamiento.
La resolución estableció además una audiencia multipropósito para el 16 de septiembre, en la que funcionarios del Ejecutivo provincial con competencia en la materia deberán informar sobre las medidas adoptadas para implementar la ley.
La decisión generó una fuerte reacción dentro de La Libertad Avanza bonaerense. El espacio que conduce Sebastián Pareja sostuvo que la resolución judicial atenta contra una ley sancionada por el Congreso de la Nación y anunció que analizará los mecanismos institucionales para procurar el apartamiento de la magistrada.
En paralelo, Passaglia comunicó en redes sociales que presentó una denuncia contra Pascual y un pedido de jury. El senador cuestionó que la jueza haya suspendido la aplicación de la norma durante 60 días en toda la provincia y sostuvo que la magistrada no declaró la inconstitucionalidad de la ley ni había terminado de resolver si era competente para intervenir.
Passaglia afirmó además que la jueza se arrogó la facultad de dejar sin efecto temporalmente una norma que alcanza a unos 17 millones de bonaerenses. En ese sentido, sostuvo que esa decisión «no es independencia judicial» sino una extralimitación.
El legislador también cuestionó declaraciones públicas atribuidas a Pascual sobre la nueva legislación. Según señaló, la magistrada afirmó que la ley «no le va a dar seguridad a la gente». Para Passaglia, los jueces deben aplicar y controlar las leyes y no sustituir al Congreso ni hacer política desde un juzgado.
Desde el partido libertario bonaerense, Pareja sostuvo que se trata de una jueza vinculada a la política provincial y cuestionó que haya frenado una norma aprobada por el Congreso. El dirigente afirmó que iniciarán el proceso para promover su juicio político.
También se pronunciaron los titulares de los bloques legislativos bonaerenses de LLA. El presidente del bloque de Senadores, Carlos Curestis, cuestionó la resolución y sostuvo que la Justicia bonaerense continúa garantizando la impunidad de delincuentes.
A su vez, el titular del bloque de Diputados, Juan Osaba, calificó de inadmisible la suspensión de la ley y afirmó que la decisión deja de lado a las víctimas.
La jueza Pascual ya había sido denunciada por Usina de Justicia, una organización no gubernamental. La presentación fue realizada por el abogado Fernando Soto, asesor de Patricia Bullrich en el Senado y exfuncionario del Ministerio de Seguridad, quien además solicitó intervenir como amicus curiae en el habeas corpus que dio origen a la suspensión y presentó una denuncia penal contra la magistrada por presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad.
El eventual pedido de jury deberá atravesar el procedimiento establecido por la legislación bonaerense. La denuncia debe presentarse ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados, que funciona en el ámbito de la Legislatura y tiene a su cargo una evaluación preliminar de la presentación.
Si la denuncia resulta viable, interviene la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, que puede formalizar una eventual acusación y solicitar la conformación de un jurado de enjuiciamiento. Entre las causales previstas se encuentran delitos comunes o dolosos en el ejercicio de las funciones, faltas graves, incumplimiento reiterado de los deberes, incompetencia o negligencia reiterada e incapacidad sobreviniente.
El proceso contempla además la posibilidad de solicitar un apartamiento preventivo de la magistrada una vez que el Procurador General analice la eventual acusación. El procedimiento puede extenderse durante varios meses.
Pascual, quien lleva más de dos décadas en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, también fue ministra de Familia y Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Eduardo Duhalde.
El mecanismo de jury bonaerense tuvo uno de sus últimos casos de alto impacto con el proceso contra Julieta Makintach, integrante del Tribunal Oral de San Isidro que fue destituida por su actuación en el juicio por la muerte de Diego Maradona.
