A un año de la primera convocatoria de conductores y pese a las disputas judiciales, Uber busca expandirse en el país

A un año de la primera convocatoria de conductores de Uber, con la que se inició en el país el funcionamiento de la aplicación de transporte, la empresa anunció que buscará expandir su negocio por el interior pese a que no resolvió su situación con la justicia nacional y porteña por diversas causas.
Uber desembarcó en Argentina el 27 de marzo de 2016 con una convocatoria de conductores a través de Facebook y la aplicación móvil comenzó a funcionar en abril con casi 20.000 choferes registrados en Buenos Aires, pese a la oposición que despertó en el gobierno porteño y en gremios del transporte, que aseguraban que era «ilegal» y que, por ser más barata, quitaría «entre un 30 y un 40 por ciento» de clientes a los taxis.
La compañía internacional, creada en 2009 y con presencia actualmente en 400 ciudades en el mundo, fue recibida en Argentina con denuncias en el ámbito porteño y a nivel nacional que incluyen causas abiertas por contravenciones y evasión.
Hasta el momento, cinco directivos de la empresa están imputados, dos de ellos con pedido de detención, hay 4.000 choferes investigados y otros 20 imputados y requeridos de juicio oral con solicitud de pena de arresto e inhabilitación para conducir, según fuentes judiciales.
En la Ciudad se denunció a la empresa por no cumplir con el Código de Tránsito y Transporte local, que especifica que sólo los radiotaxis están autorizados para tomar pedidos para viajes de pasajeros.
Además, la Fiscalía de la Ciudad a cargo de Martín Lapadú imputó a conductores de la aplicación por «usar indebidamente el espacio público con fines lucrativos», una conducta «sancionada por el artículo 83 del Código Contravencional de la Ciudad».
En el ámbito nacional, la disputa judicial tuvo otra suerte ya que en octubre el juez de instrucción en lo criminal nacional Luis Zelaya desestimó por inexistencia de delito una denuncia penal presentada por el gremio de los taxistas contra choferes de Uber y declaró que «es lícita» la actividad de la empresa.
En noviembre, la Cámara Nacional en lo Criminal confirmó esa sentencia alegando que «la prestación del servicio de transporte de pasajeros sin contar con habilitación oficial no configura una conducta tipificada por la legislación punitiva» y determinó que «no se advierte cuál sería el delito concreto que tendría por objeto la supuesta asociación ilícita».
Para Uber, sin embargo, su situación judicial «está resuelta», ya que espera leves multas para sus ejecutivos imputados por contravenciones, mientras hace un balance positivo de su primer año en el país, donde la aplicación registra un millón de descargas y la empresa «está en expansión», explicaron.
Pese a que las disputas judiciales no han sido resueltas, la empresa anunció que expandirá sus operaciones actualmente concentradas en la Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana al interior del país, donde creará nuevos centros de atención para usuarios y conductores, informó recientemente el gerente general para Argentina de la empresa de transporte privado, Mariano Otero.
«Planeamos expandir nuestros servicios, principalmente buscando oportunidades en el resto del país y ampliando nuestro plan de inversión que pueda generar miles de nuevas oportunidades económicas para los argentinos», aseguró el ejecutivo durante la convención Energyear Latam 2017.