El Gobierno nacional formalizó este lunes la apertura de una instancia de participación ciudadana para avanzar con modificaciones en los cuadros tarifarios del transporte público de jurisdicción nacional, tanto en colectivos como en trenes.
La decisión fue oficializada mediante la Resolución 26/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial con la firma del secretario Mariano Plencovich.
La convocatoria abarca los servicios de transporte automotor urbano y suburbano de pasajeros bajo jurisdicción nacional y también las tarifas ferroviarias de las líneas metropolitanas.
Según establece la resolución, la consulta se realizará bajo el mecanismo previsto en el “Reglamento General de la Instancia de Participación Ciudadana para el Ministerio de Transporte”, vigente desde 2018.
El Ejecutivo argumentó que la medida apunta a garantizar la participación de usuarios y consumidores en cuestiones tarifarias vinculadas a servicios públicos, en línea con lo dispuesto por la Constitución Nacional, la Ley de Procedimiento Administrativo y distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia.
La normativa remarca que el procedimiento tendrá carácter no vinculante, aunque las autoridades deberán considerar las opiniones presentadas al momento de definir las nuevas tarifas.
Los interesados podrán participar a través del sitio oficial de la Secretaría de Transporte durante un plazo de tres días hábiles administrativos contados desde las 12 del día de publicación de la medida.
Cada usuario podrá intervenir una sola vez por instancia convocada y tendrá la posibilidad de enviar comentarios de hasta 5.000 caracteres, además de adjuntar documentación complementaria.
La resolución también establece que las opiniones recibidas serán publicadas en la web oficial mientras permanezca abierto el proceso de consulta.
En los fundamentos de la medida, el Gobierno sostuvo que la iniciativa busca fortalecer mecanismos de participación ciudadana, simplificar procesos administrativos y garantizar el acceso a información “adecuada, veraz e imparcial” sobre los cambios tarifarios proyectados.
La coordinación del procedimiento quedó a cargo de la Subsecretaría de Transporte Automotor y de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, ambas dependientes del Ministerio de Economía.